Actualmente, el tope en efectivo que pueden recibir es de $3,100.

El contralor electoral, Walter Vélez Martínez, adelantó en una vista pública en el Senado el miércoles que está evaluando la posibilidad de que se pueda limitar el dinero en efectivo que se le aportan a los políticos en sus campañas electorales.

Según explicó a la Comisión de Hacienda en el Senado, se ha percatado que ha visto un patrón de irregularidades de personas que para hacer una inversión política, utiliza técnicas que le ayudan aportar un monto mayor a lo que se le limita.

La Oficina del Contralor Electoral fue creada bajo la Ley 222-2011, conocida como la «Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico», a los fines de garantizar que los fondos que se depositen en las campañas políticas provengan de fuentes legítimas y bajo los criterios de la ley.

También, velan por los desembolsos realizados por los candidatos, partidos y comités políticos que estén destinados a fines electorales.

«Donde ha habido una situación últimamente, es lo que se le llama el intervencionismo político. No voy a mencionar nombres, pero he visto casos que tratan de violar la ley. Hay un tope de $3,100 al año para aportarle a un candidato, la persona es empresario, puede sacar $40,000 y llama a 10 allegados y le da $3,100 a cada uno y le dice que se hagan pasar como que son de ellos (ese dinero)», explicó Vélez Martínez.

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«Cuál es la ecuación para poder detener eso, pues nosotros somos de la creencia que (es mejor si) se limita el dinero en efectivo… porque ahí tiene un tranque de dónde sale el dinero, es más difícil darle la vuelta a la ley de aquellos que se empeñan en violarla. Ese es el problema, si nos vamos a las últimas estadísticas, en los últimos dos, tres, cinco años, la mayoría de los casos por violación a la ley de financiamiento, ha sido por ese intervencionismo político», indicó.

Para el contralor electoral, la cantidad establecida de $3,100 anuales en una aportación, son aceptables, pero, deja la puerta abierta para hacer «trucos con la ley».

El senador popular José Luis Dalmau dijo en la vista que entendía que limitar el efectivo no garantizaría menos trucos con la ley. Sin embargo, Vélez Martínez insistió en que con el mecanismo que promueve será más difícil para los donantes hacer trampa.

«Ciertamente el efectivo siempre ha dado problema, pero yo pienso que si se disminuyen los $3,100 de dinero efectivo, van aparecer otras ocurrencias de como hacerlo», dijo el senador.

«Yo comprendo su preocupación, es la de nosotros también, pero, yo soy de la opinión que se les hace más difícil a una persona que tiene en su mente invertir a un candidato, sacar $40,000 de su bolsillo… es limitar la cantidad en efectivo, quizás a $500 o a $1,000 porque se les hace más difícil. Lo otro sería un instrumento bancario como un cheque, que sea una transferencia electrónica porque se les hace más difícil… El dinero ya es un instrumento debidamente regulado por los bancos y ya hay un tracto de dónde provienen. La mayoría de los casos que se han visto en Puerto Rico, en los últimos dos años, es dinero oscuro, que proviene de una persona que quiso violar la ley, buscó dinero y se lo entregó (al político)», apuntó.

A lo que se refiere Vélez Martínez es que si antes un donador buscaba, por ejemplo, 10 personas y les repartía $3,100 a cada uno para que aportaran al político bajo sus nombres, si se baja la capacidad de efectivo a recibir, tendrían que buscarse más personas para cometer la trampa.

La Oficina del Contralor Electoral ha recomendado que se reduzca de $3,100 a $250 la aportación en efectivo, aunque todavía está a discusión.

«Es más difícil querer aportar los $40,000 y que el dinero en efectivo que puedes aportar es poco. Tiene que buscarse a más personas (para que entreguen el monto al político). Así se detecta más rápido y alguno de ellos va a caer», comentó Vélez Martínez.

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Presupuesto solicitado para el nuevo año fiscal 2025-2026

La Oficina del Contralor Electoral recomendó una partida presupuestaria de $3,375,000, la cual es $153,000 mayor al presupuesto actual que es de $3,065,000 y $463,000 mayor al presupuesto recomendado por la Junta de Supervisión Fiscal (JFS).

Gran parte de sus prioridades es tener dentro del pote del año fiscal 2025-2026, el dinero para mantener los 47 puestos que incluye: auditores, abogados, oficiales de sistema de información y personal administrativo. Su meta es reclutar dos auditores adicionales.

«El presupuesto solicitado es el necesario para el pago de todos los empleados actuales con sus beneficios marginales. Igualmente, incluye la asignación necesaria para sufragar el pago de los empleados que ocuparían los puestos vacantes y el pago de dietas a los tres contralores electorales auxiliares», dictó Vélez Martínez.

También, alertaron que están escasos de emplazadores que ayuden a emitir los cobros de multas. Actualmente hay $701,810 en deudas por cobrar. En el presupuesto solicitado pidieron $10,000 para servicios legales y emplazamientos.

«Uno de los aspectos impactados por la reducción en la asignación de recursos para servicios profesionales, es el reto de presentar recursos judiciales para citar personalmente a testigos que no responden a las citaciones enviadas por correos electrónico o usando el servicio postal, toda es que esta gestión requiere de los servicios de un emplazador profesional… Ahora mismo, no hay dinero para los emplazamientos», puntualizó Vélez Martínez.

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