La organización Educadores Puertorriqueños en Acción (EPA), la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) y el Departamento de Educación favorecen el Proyecto 300, con ajustes en el proceso de evaluación y otorgación de carrera.

En vista pública celebrada este lunes en la Cámara de Representantes, el Proyecto de la Cámara 300, que propone establecer la “Ley de Justicia Laboral para Nuestros Directores Escolares”, recibió un respaldo mayoritario de organizaciones magisteriales y del propio Departamento de Educación.

La medida busca enmendar la Ley 85-2018 para permitir que los directores escolares adquieran estatus de carrera tras un proceso de evaluación.

La organización Educadores Puertorriqueños en Acción (EPA) representa a unos 2,500 miembros, incluyendo 400 directores escolares. Esta apoyó la iniciativa y señaló que la falta de permanencia ha disuadido a muchos de aspirar a cargos directivos.

“Muchos desisten de participar de entrevistas para ser considerados como directores escolares, ya que no tendrían un estatus regular”, expresó su presidente, Dr. Luis Orengo Morales.

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EPA propuso varias enmiendas, como reducir de tres a dos años el periodo adicional antes de la evaluación final, y otorgar el estatus de carrera inmediato a quienes ya cumplieron cuatro años en funciones con evaluaciones positivas. Además, insistieron en la creación de una Carrera Gerencial para directores escolares.

Por su parte, el Departamento de Educación favoreció la medida, aunque recomendó que la permanencia dependa de la disponibilidad de plazas vacantes.

En su ponencia, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, subrayó que la falta de estatus permanente genera incertidumbre entre los directores interinos y afecta la estabilidad escolar.

“Mientras el director permanezca como empleado por contrato, no desarrolla un sentido de pertinencia con su escuela, por temor a ser removido”, argumentó Ramos Parés.

El secretario de Educación destacó que asegurar la permanencia, bajo ciertas condiciones, fortalecería la retención de líderes escolares y mejoraría la gestión educativa. Dijo, además, que los directores son los principales responsables de la administración de las escuelas, incluyendo el manejo presupuestario y la evaluación del personal docente.

La Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), representada por su presidente Víctor Bonilla Sánchez, no adoptó una postura concreta a favor o en contra, pero reconoció la importancia de la justicia laboral para el personal escolar. La AMPR indicó que otorgaba “deferencia a las agencias y partes afectadas” dado su rol como representante exclusivo de la unidad apropiada magisterial.

La vista pública fue celebrada por la Comisión de Educación de la Cámara, como parte del análisis del Proyecto de la Cámara 300, presentado por el representante Roque Gracia, el cual busca reconocer la función “neurálgica” que desempeñan los directores en el sistema de educación pública.

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