La Oficina del Inspector General argumentó durante una vista pública que la asignación es clave para fortalecer la capacidad fiscalizadora de la agencia y sostener sus esfuerzos en prevención de corrupción.

Durante una vista pública ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado, la Oficina del Inspector General (OIG) solicitó una asignación de $23,050,403.71 para el año fiscal 2025-2026, un aumento de casi $3 millones respecto al año anterior.

La inspectora general, Ivelisse Torres Rivera, argumentó que la asignación es clave para fortalecer la capacidad fiscalizadora de la agencia y sostener sus esfuerzos en prevención de corrupción y auditoría interna.

“El presupuesto solicitado permitirá a la OIG abordar áreas críticas, responder a desafíos emergentes y mantener su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia operacional”, expresó Torres Rivera.

En su ponencia, la inspectora general indicó que la agencia publicó más de 210 informes durante el año fiscal 2023-2024, lo que representó un aumento del 9% respecto al año anterior. Además, dijo que se atendieron 362 consultas legales y se emitieron 113 recomendaciones como parte de planes de acción correctiva.

Uno de los puntos destacados fue que, en ese periodo, la OIG analizó el uso de $482,773,878.32 por parte de múltiples entidades gubernamentales, como parte de sus funciones de evaluación y auditoría. Aunque no se calificaron todos estos fondos como irregulares, fueron sujetos a revisión por su magnitud y relevancia fiscal.

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Del total solicitado, más de $16.2 millones están destinados a nómina y costos relacionados al personal, reflejando un alza de $1.1 millones. También se solicitaron aumentos en partidas como servicios comprados ($554,539 adicionales), servicios profesionales ($226,400), “otros gastos” ($774,250), materiales y suministros, anuncios en medios y compra de equipos.

El presupuesto global aumentaría de $20.1 millones a poco más de $23 millones si es aprobado por la Asamblea Legislativa.

Por su parte, la Inspectora General defendió la estructura de la oficina señalando que su eliminación en 2013 debilitó gravemente los controles internos en el aparato gubernamental.

Entre los logros recientes, Torres Rivera destacó que la OIG alcanzó la calificación más alta (“conformidad general”) en su primera Evaluación de Calidad Externa, bajo estándares del Instituto de Auditores Internos. Asimismo, hizo énfasis en que se reforzaron alianzas con el FBI, el Departamento de Justicia, la Oficina del Contralor y diversas universidades. Actualmente, 15 empleados de la OIG poseen certificaciones emitidas por la Asociación de Inspectores Generales de los Estados Unidos.

Además, la agencia amplió su componente educativo: 144 entidades fueron impactadas mediante adiestramientos, alcanzando a casi 13,000 participantes en temas de auditoría, cumplimiento y control interno. Torres Rivera enfatizó que el fortalecimiento de la OIG no solo es una herramienta contra la corrupción, sino una inversión en gobernanza y eficiencia gubernamental.

Esta presentación se dio como parte de la evaluación de la Resolución del Senado 111, que ordena una investigación continua sobre el manejo de fondos públicos por parte de las agencias del Ejecutivo.

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