Diversos sectores coincidieron en contra de la iniciativa, aunque por motivos y puntos de vista profundamente distintos.

La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes celebró el martes con la continuación de la vista pública sobre la medida que pretende establecer un protocolo obligatorio para regular los abortos de menores de 15 años.

La propuesta requiere la intervención de padres, notificación a agencias estatales y validación médica, como precondiciones para permitir la terminación de un embarazo en adolescentes. Durante la audiencia, diversos sectores coincidieron en oponerse a la iniciativa, aunque por razones profundamente distintas.

Católicos Pro Vida se oponen

La portavoz de Católicos Pro Vida, Carmen Ugarte, dejó claro que su oposición a la medida responde a su rechazo total a la práctica del aborto. Desde su perspectiva, cualquier legislación que abra la puerta a legalizar abortos en menores resulta inaceptable.

Aunque la medida busca reglamentar el proceso, Ugarte advirtió que, en la práctica, su redacción podría interpretarse como una validación para que niñas de 15 años o menos puedan culminar su embarazo de manera “legal y voluntaria”, lo que, según la portavoz, contradice el ordenamiento jurídico vigente y pone en riesgo la protección de la vida desde la concepción.

“Nos oponemos al PS 297 porque encuadra el aborto dentro de un protocolo normativo que corre el riesgo de normalizar esta práctica. Al formalizar su procedimiento, se podría malinterpretar como un reconocimiento del aborto como un derecho, lo cual rechazamos completamente”, enfatizó Ugarte.

Asimismo, Católicos Pro Vida alertó que el proyecto no incluye medidas para evitar los abortos, sino que se enfoca en procedimientos que podrían facilitar su ejecución en lugar de restringirla, lo que es incompatible con su misión de defensa de la vida.

Proyecto Matria alega no previene la violencia

Por su parte, Cristina Parés, directora ejecutiva de Proyecto Matria, criticó la medida por su incapacidad de atender las causas reales de los embarazos en menores, como la violencia sexual.

Parés argumentó que el proyecto impone procesos legales y sociales que revictimizan a las jóvenes, al obligarlas a atravesar intervenciones de familiares que podrían ser sus propios agresores. Además, denunciaron la ausencia de un protocolo efectivo de referidos a las autoridades en casos de abuso.

“La medida pretende imponer un proceso burocrático que no protege a las menores, sino que las expone a más violencia. No aborda la prevención ni garantiza su bienestar”, denunció Parés.

Proyecto Matria respaldó sus argumentos con estudios internacionales y destacó la necesidad de políticas públicas centradas en prevención, educación sexual integral y acceso seguro a servicios de salud reproductiva.

Profamilias sostiene proyecto está desconectado con la realidad

La Asociación Puertorriqueña Pro Bienestar de las Familias (Profamilias) también se opuso a la medida, enfatizando que no existe una crisis de abortos en menores de 15 años en Puerto Rico.

Profamilias explicó que el proyecto parte de un diagnóstico erróneo, pues la mayoría de los abortos ya se realizan bajo estrictas regulaciones y dentro del primer trimestre de gestación. Además, resaltaron que existen leyes y protocolos para atender casos de violencia sexual en menores, por lo que la medida resulta redundante y perjudicial.

“El PS 297 no protege a las menores. Al contrario, crea barreras innecesarias al acceso a servicios esenciales de salud y podría ponerlas en mayor riesgo”, sostuvieron.

Profamilias denunció que regular de esta manera un solo sector de la salud constituye una forma de violencia de género institucional, pues obliga a niñas y jóvenes a continuar embarazos no deseados, vulnerando su autonomía y derechos.

Coinciden en la oposición, pero por motivos distintos

Mientras Católicos Pro Vida rechaza la medida por considerar que podría facilitar la práctica del aborto, acción a la que se oponen rotundamente bajo cualquier circunstancia, tanto Matria como Profamilias rechazan el proyecto por entender que revictimiza a las menores, no atiende la raíz del problema y representa un retroceso en derechos. Estos últimos dos grupos, desde visiones muy diferentes, coincidieron en que la medida tal como está redactada no debe ser aprobada.

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