Todo apunta a una deuda retroactiva que sobrepasa los $87 millones.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) adeuda sobre $87 millones a aproximadamente 3,600 oficiales penales tras incumplir con la Ley 91 de 2022, conocida como «Ley Especial de Salario Base para los Oficiales Correccionales» que puntualmente establece que se le concede un aumento salarial.

Fue durante una vista pública de la Comisión de Seguridad y Asuntos del Veterano que preside el senador Gregorio Matías Rosario que se percataron que existe una deuda retroactiva desde el 2022 que tampoco fue incluida para la consideración del presupuesto para el año fiscal 2025-2026.

“La ley específicamente establece el salario base en $2,350 y otorgarle un aumento de $746.67. Lo que se estableció en la vista es que ellos sí habían llegado al salario base de $2,350, pero Corrección aceptó que nunca le ha otorgado ese aumento a los compañeros», expresó el senador Matías Rosario en entrevista con NotiCel.

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“Quiere decir que del saque hay una deuda de sobre $87 millones retroactivos a los compañeros. Les pedí que me dieran los cálculos y me dieran cuánto tendría que estar recurrente en el presupuesto para poder entonces presentarle a la Junta. La verdad salió a relucir de que Corrección no ha cumplido cabalmente con lo que establece una ley que en su momento, en el 2022, fue revisada por la Junta de Control Fiscal y le dio paso”, agregó.

El DCR insistió que ajustó el salario base conforme a la ley.

“Alegaron que entendían que ese aumento que dieron era para cumplir con un aumento que había sido anterior de $500 y un aumento de 15%. Pero la propia ley también establece que ningún aumento que se hubiera dado antes de esa ley era menoscabo a cumplir con lo que establecía el $2,350 y el aumento adicional de $746. Ellos no lo habían aceptado, ahora lo aceptaron, pues hay que buscar los remedios para saldar esa deuda retroactiva”, sostuvo el senador.

Sin embargo, el DCR recalcaba en la vista que la interpretación de la ley fue realizada correctamente por la agencia cuando lograron darle un aumento mensual de $500 sufragados con fondos federales gracias al Plan de Rescate Americano (ARPA) y que, además, tuvieron un aumento adicional de 15% cumpliendo con el plan fiscal del 2022.

«La interpretación de la ley fue realizada correctamente por la agencia. Puntualizamos que, si se considera el texto de la ley y si exposición de motivos, podría interpretarse que la intención del legislador original era establecer el salario base mensual de $2,350 a los servidores públicos», apuntó el DCR.

La Oficina del Procurador del Ciudadano, también denunció que los oficiales correccionales no reciben sus uniformes de trabajo desde hace dos años.

«Los oficiales correccionales, no reciben sus uniformes hace dos años, ya que la Administración de Servicios Generales (ASG), no pudo llevar a cabo ni culminar los procesos de subasta correspondientes. Desconocemos si en el presupuesto aprobado recientemente hay fondos disponibles para compensar esas adquisiciones de uniformes. Ese dinero, el correspondiente a esos dos años, fue redistribuido para otros propósitos por la Administración de Corrección ya que de no utilizarlos se corrían el riesgo de perderlos», sostuvo Edwin García Feliciano, Ombudsman.

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De igual manera, otra controversia planteada es que hay una deuda adicional por concepto de horas extra del 1996 al 2006 cuando los periodos trabajados se procesaban manualmente.

«Hubo un periodo de reserva en donde las horas extra eran procesadas manualmente y no se pagaban con la rigurosidad con que se debió hacer. Me parece, que si este dilema continúa, es hora de exigirle a Ia Junta de Supervisión Fiscal que separe un dinero para llevar a cabo ese proceso de forma expedita», agregó.

El Senado se dispone a escuchar en otra vista pública a los gremios representativos de los oficiales correccionales y llevar la situación ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Matías Rosario resaltó que fue estratégico convocar primero a las agencias concernientes a deponer para que los líderes de los gremios penales escucharan las razones de la deuda millonaria.

«Quiero que se resuelva el problema de los penales», puntualizó el senador.

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