Justicia la respalda, DACO pide aclaraciones y el Centro Unido de Detallistas exige más recursos y precisión.

El Proyecto de la Cámara 664, que busca establecer la “Ley de Competencia Desleal de Puerto Rico” y enmendar la Ley Antimonopolística de 1964, provocó un intenso debate en vista pública celebrada en el Capitolio.

La medida, presentada por la representante Yashira Lebrón Rodríguez, propone prohibir prácticas comerciales desleales, ofrecer remedios legales a los afectados y, a su vez, alinear a Puerto Rico con regulaciones similares a las vigentes en Estados Unidos y Europa.

El Departamento de Justicia se mostró abiertamente a favor del proyecto, destacando que la iniciativa llena un vacío en el ordenamiento jurídico de Puerto Rico y fortalece la protección a consumidores y empresas. La agencia enfatizó que el estatuto propuesto permitiría a los perjudicados acudir tanto al Tribunal de Primera Instancia como al Departamento del Asuntos del Consumidor (DACO) para reclamar por prácticas desleales. Además, subrayó que la medida va en sintonía con normativas de la Federal Trade Commission (FTC) y reconoció que, aunque requiere ajustes técnicos, no ve impedimentos legales para su aprobación.

Por su parte, DACO, bajo la dirección de Valerie Rodríguez Erazo, expresó reservas y pidió que se delimiten claramente sus funciones frente al Departamento de Justicia. La agencia sostuvo que la pieza legislativa debe precisar si asumirá un rol adjudicativo o si continuará como ente orientador y fiscalizador. También recomendó campañas educativas para comerciantes y consumidores, y advirtió sobre el riesgo de duplicar funciones con Justicia.

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El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) optó por una postura más distante, indicando que su rol se limita a asistir en procesos relacionados con cadenas voluntarias y dejando deferencia plena al Departamento de Justicia en la evaluación de la medida.

En contraste, el Centro Unido de Detallistas (CUD), representado por su presidente Ramón Barquín III —quien, además, figura entre los nombres mencionados para integrar la Junta de Supervisión Fiscal—, planteó críticas más severas.

El gremio empresarial advirtió que el proyecto contiene disposiciones demasiado amplias que podrían prestarse a interpretaciones subjetivas y a procesos lentos e ineficaces. Recomendó eliminar artículos que considera vagos y reforzar con mayor presupuesto la Oficina de Asuntos Monopolísticos y al DACO para que puedan investigar y litigar adecuadamente.

De esta manera, la medida que busca frenar los abusos en el mercado quedó marcada por la división: mientras Justicia impulsa su aprobación como un paso necesario para proteger la libre competencia, DACO insiste en precisar su alcance, el DDEC delega a Justicia, y los detallistas reclaman más claridad y recursos para que la propuesta no se convierta en letra muerta.

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