La defensa del senador del Partido Nuevo Progresista (PNP) Abel Nazario está pidiendo tener acceso a las notas de la agente investigadora del Departamento del Trabajo federal, organismo que le imputa acciones fraudulentas con sus fondos, porque entienden que sería evidencia exculpatoria para el exalcalde de Yauco.

Sobre el particular se sometió una moción ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico en la que, entre otras cosas, se alega que como parte de la propia investigación que realiza la defensa del legislador, se han encontrado 'muchas inconsistencias objetivas con la información contenida en los informes de investigación' de la agente Frances Agenjo.

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'A la luz de este hecho, la defensa tiene razones de peso para creer que las notas de la agente Agenjo contienen información que es favorable para el acusado... Como tal, las palabras precisas utilizadas por la agente Agenjo en sus notas aproximadas son cruciales e importantes para que el acusado las revise y se prepare para el juicio', añade la defensa en la moción presentada.

La movida busca conocer las notas de las entrevistas que realizó la agente a los presuntos afectados por un alegado fraude que se remonta al 2012. La moción habla de al menos 30 entrevistas realizadas a testigos del caso por parte de la agente. La abogada de Nazario, la exfiscal federal María Domínguez Vuctoriano, está pidiendo informalmente acceso a las notas desde al menos abril pasado y la base para la solicitud del tribunal es que 'la defensa tiene razones convincentes para creer que las notas de la agente Agenjo contienen información que es tanto favorable para el acusado como relevante a la supuesta culpabilidad del acusado'.

El caso contra Nazario tuvo su origen en una auditoría de la Contralora, Yesmín Valdivieso, que encontró que el legislador obligó a unos empleados a trabajar dos horas de manera voluntaria. El caso fue referido al Departamento del Trabajo federal, el cual determinó que esa orden era una violación a la Ley federal de Trabajo Justo (Fair Labor Standards Act).

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Posteriormente, el exalcalde firmó un acuerdo de cumplimiento en el cual se comprometía a pagarle 588,961 dólares a 177 empleados por horas trabajadas y no pagadas en el periodo del primero de agosto de 2012 al 31 de julio de 2014.

Una auditoría de seguimiento en agosto de 2016 encontró que a pesar de que se le había pagado a los empleados parte del dinero adeudado, unilateralmente el municipio les retenía el salario regular sin el conocimiento ni consentimiento del Departamento del Trabajo federal. El pliego acusatorio indica que el pago prospectivo permitió cumplir en papel con el acuerdo; pero se les restó a los empleados de pagos futuros por las labores a realizar, por lo que fueron radicados cargos.

Finalmente, la madrugada del 12 de septiembre el exalcalde fue arrestado por el Buró Federal de Investigaciones Criminales (FBI). Pese a que en ese momento abandonó la presidencia de la Comisión de Educación, decidió continuar como senador, según informó más tarde ese mismo día en una conferencia de prensa en la que lo acompañó el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz.