El Departamento de Hacienda no ha puesto atención, hasta ahora, a una querella que presentó una líder de la comunidad gay en contra del uso de fondos de las iglesias para el cabildeo en contra de los proyectos de ley que conceden limitados derechos a los miembros de la comunidad LGBTT.

Y es que desde febrero pasado, cuando grupos religiosos encabezados por César Vázquez realizaron la marcha concentración en el Capitolio, 'Puerto Rico se levanta', la licenciada Ada Conde, portavoz de la Fundación de Derechos Humanos, presentó una querella documentada con fotografías y aún no ha recibido respuesta de la secretaría de Hacienda, Melba Acosta.

La querella, recordó Conde en entrevista con NotiCel, se debió, pero no se limitó, al uso de guaguas de los municipios de Mayagüez, Cabo Rojo, Vega Baya, San Sebastián, Lares, Isabela, Guaynabo y Morovis, entre otros, para transportar feligreses a la actividad de corte político en contra de lo que se aprobó recientemente en la Cámara, los proyectos 238 y 488.

'Nosotros le hicimos una querella por escrito a Melba Acosta y la acompañamos con fotografías y todo, pero no hemos recibido respuesta. Nosotros le hemos estado dando seguimiento, pero no hemos recibido contestación', dijo Conde.

La licenciada indicó que las exenciones que reciben le prohíben usar vehículos para transportar feligreses a actividades proselitistas y que esa acción es motivo suficiente para revocar dicho beneficio contributivo.

'Nosotros vamos a continuar reclamando eso, ya sea por orden de mandamus en el tribunal, hasta con una protesta en Hacienda', sostuvo Conde.

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