Madrid - La acusación popular que ejercen el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad contra el juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo mantuvo hoy su petición de 20 años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

Así lo anunció el abogado de Manos Limpias, Joaquín Ruiz Infante, en la última sesión de este juicio que hoy quedará, previsiblemente, visto para sentencia en el Tribunal Supremo español.

El abogado insistió en que Garzón se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo a sabiendas de que no lo era y después de que otros juzgados archivaran las denuncias.

El letrado también incorporó a su informe, como antecedente, el auto de Garzón en el que archivó una querella contra el histórico dirigente comunista Santiago Carrillo por los llamados sucesos de Paracuellos, al considerar que habían prescrito.

Se refiere al fusilamiento en 1936 de centenares de prisioneros de cárceles de Madrid, enterrados en fosas comunes en las localidades cercanas de Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz. Carrillo, que tenía entonces 21 años, era consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid.

La inclusión de este auto en el informe de la acusación de Garzón provocó la protesta de su abogado defensor, Gonzalo Martínez-Fresneda, quien dijo que el nuevo escrito 'desborda groseramente el marco acusatorio' de este juicio.

Tanto la defensa de Garzón como el fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas confirmaron su petición de absolución, antes de que cada una de las partes exponga sus informes definitivos.

Entretanto, a las puertas del alto tribunal, un grupo de simpatizantes y defensores de Garzón se volvió a concentrar hoy, con pancartas en las que piden solidaridad y justicia para las víctimas del franquismo.

Durante el juicio numerosos testigos han reclamado su derecho a que se esclarezca la suerte que corrieron sus familiares, desaparecidos durante la guerra civil (1936-39) o después, bajo la dictadura de Francisco Franco.

Garzón se encuentra suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional desde 2010 a raíz de este procesamiento y de otras dos causas abiertas contra él, por ordenar escuchas a una red de corrupción y por unos pagos recibidos por una conferencias en Nueva York.