Washington D.C. - Líderes demócratas del Congreso culparon al portavoz de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, de que a 11 días de vencerse un pago de la deuda pública de Puerto Rico no se haya aprobado aún un proyecto de ley que atienda la crisis fiscal de la Isla.

Según los líderes, el esfuerzo de Ryan por tratar de convencer a los congresistas republicanos más renuentes a permitir que Puerto Rico reestructure su deuda ha semi paralizado un proyecto que se necesita con urgencia.

Afirmaron que la propuesta Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) parece seguir el patrón de otras iniciativas camerales que fueron víctimas de la lucha entre los sectores más conservadores y más moderados de la mayoría republicana. La oposición de los más conservadores hizo que el antecesor de Ryan, John Boehner, tuviera que retirar proyectos de ley que propulsaban los republicanos o, como alternativa, conseguir el apoyo de los demócratas para su aprobación.

'Es preocupante ver que una vez más la disfunción en la Cámara y el Senado, la guerra civil entablada en su propio partido, les ha impedido hacer su trabajo,' afirmó el representante Xavier Becerra de California, quien además es presidente de delegación demócrata.

'Nosotros los demócratas estamos listos para ayudar a aprobar legislación sobre Puerto Rico y, claro está, si quieren nuestros votos, deben asegurarse de que tengamos una oportunidad de participar signficativamente en la elaboración del proyecto,' agregó.

El presidente del Comité de Recursos Naturales, el representante Rob Bishop de Utah, aplazó un voto sobre el proyecto el miércoles pasado al ver que varios congresistas republicanos, particularmente miembros del conservador House Freedom Caucus, se oponían intensamente a la medida.

A nombre del Comité, Bishop defendió la PROMESA como un proceso abierto que ha tomado meses y que continuará, particularmente ahora que se intentan incorporar cambios recomendados por el Departamento del Tesoro.

Luego de que se aplazara el voto sobre PROMESA, Ryan citó a todos los congresistas republicanos a una reunión el viernes pasado para explicar su apoyo a la medida, reunión donde los opositores también enumeraron sus reservas.

Algunos desean proteger los derechos de los acreedores, quienes no deben ser víctimas, según ellos, de la irresponsabilidad fiscal del gobierno en la Isla. Quieren asegurar que al pagar no se le dé prioridad a las pensiones y las uniones por encima de los acreedores que hicieron una inversion al comprar los bonos. Por el contrario, varios congresistas demócratas manifestaron que se debe asegurar el pago de todos sus beneficios a los pensionados.

La medida dicta que los acreedores tendrían que someterse a negociaciones voluntarias con el gobierno para intentar llegar a un acuerdo de pago. De no lograr un acuerdo, una propuesta Junta de Control Fiscal determinaría si se procede a la reestruturación por la vía judicial. Algunos representantes objetan que a los acreedores se les obligue a un proceso de reestructuración en vez de proseguir con las demandas regulares contra el gobierno.

Estos congresistas tienden a favorecer provisiones en el proyecto que parecen obstaculizar la reestructuración de la deuda, como el requerimiento de que dos terceras partes de los acreedores tengan que aprobar mediante voto someterse a un proceso de reestructuración por la vía judicial. Los demócratas y representantes del Tesoro federal afirman que ese requerimiento es muy difícil de lograr e intentan cambiarlo.

Por su parte, los demócratas, el gobierno de Puerto Rico, y la gran mayoría de los sectores politicos, cívicos y laborales en la Isla critican los 'poderes excesivos' de la propuesta Junta de Control Fiscal porque, entre otras cosas, tendría la última palabra en cuanto al plan fiscal y las pautas para elaborar un presupuesto balanceado.

Además, sus miembros serían nombrados por el Presidente de los Estados Unidos, tendrían la autoridad para aprobar contratos y podrían vetar leyes aprobadas por la Legislatura que estime en conflicto con el plan fiscal.

De igual modo, los demócratas se oponen tenazmente a la provisión que reduciría a $4.25 la hora el salario mínimo a trabajadores de menos de 25 años de edad porque perjudicaría el desarrollo económico necesario para salir de la crisis a largo plazo y alentaría a más jóvenes a unirse a la migración masiva hacia Estados Unidos.

También se oponen a que se transfieran terrenos de la reserva natural de Vieques a Puerto Rico para el desarrollo comercial. Al reconocer la preocupación sobre los terrenos, el comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pedro Pierluisi, propuso la transferencia y logró unos cambios en la medida para que las tierras solo puedan utilizarse para propósitos de conservación. Para otros demócratas en el Comité, esto no soluciona el problema.

El líder demócrata en el Comité, el representante Raúl Grijalva de Arizona, sostuvo que están dispuestos a seguir trabajando con la mayoría republicana para mejorar la medida.

Los demócratas en posiciones de liderazgo en el Congreso sostienen que Ryan no tendrá éxito en finalizar un proyecto apoyado por ambos partidos si se continúa priorizando el punto de vista de los más conservadores de su partido.

'Tienes que lograr un proyecto de ley que se aprobaría también en el Senado y que finalmente lo firmaría el Presidente', advirtió el representante Joseph Crowley de Nueva York, vicepresidente de la delegación demócrata en la Cámara.

'Mientras más rápido ellos entiendan eso y trabajen con los demócratas, mejor será para la gente en Puerto Rico y para los Estados Unidos', aseguró.

Por su parte, el representante Sandy Levin de Michigan, líder de la minoría en el Comité de Formas y Medios de la Cámara encargoado de elaborar y manejar leyes sobre presupuestos e impuestos, afirmó que poco después que Ryan asumiera el cargo prometió atender la crisis y está fallando en una de las primeras pruebas de su liderazgo.

'Los puertorriqueños son ciudadanos de los Estados Unidos y esto es realmente vergonzoso', opinó Levin. 'El portavoz tiene que asumir su responsabilidad. Él se comprometió a ello y ahora tiene que cumplir', dijo.