Por un lado, la Junta de Control Fiscal (JCF) y la Administración de Ricardo Rosselló Nevares proponen achicar el tamaño del Gobierno, y los empleos con remuneraciones onerosas son reservados para unos pocos.

Este es el caso de la secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, con $250,000 anuales, y el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Electrica (AEE), Walter Higgins, con $450,000 al año, por mencionar algunos.

Mientras, en Islas Vírgenes apuestan al rol del aparato gubernamental en la reconstrucción de la Isla --tambien devastada por huracanes el pasado septiembre--, en forma de nuevos empleos públicos con salarios competitivos entre $27,000 y $115,000 anuales.

El anuncio provino del director de personal del territorio, Milton Potter, quien esbozó que el gobierno tiene plazas disponibles en áreas como Contabilidad, Educación, Ingeniería, Consejería, y otros especialistas.

'Esto es una oportunidad para que los virgenenses regresen a casa y ayuden con los esfuerzos de recuperación a largo plazo. Tal vez más que antes, necesitamos la pericia de nuestros mejores y más brillantes', aseguró Potter en declaraciones escritas.

Uno de los empleos más compensados es el Asistente del Fiscal General, con posibilidades de generar hasta $115,000 al año.

Le sigue el Jefe de Compras y Contratos, con $90,000. Entre sus roles se encuentra supervisar a otros administradores, organizar y determinar el proceso de contratación y mantener una lista de licitadores.

Los empleos de menor ingreso anual de la lista son: Especialista Ambiental, con $22,269, y cuya posición solo requiere un bachillerato o grado asociado; Ayudante de Oficios, como albañilería, electricidad y plomería, por $27,386; y Oficial de Corrección, con $30,000.

'Estamos complacidos de estar en una posición en que podemos ofrecer oportunidades significativas de empleo al público general. Así que envíen sus solicitudes y, juntos, vamos a reconstruir este paraíso mejor y más fuerte que nunca', añadió Potter.

El pasado 3 de abril marcó el fin del estado de emergencia para el territorio por motivo de los huracanes Irma y María, de acuerdo al gobernador Kenneth Mapp.

En Puerto Rico, el gobernador Rosselló Nevares se amparó en la Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal de Puerto Rico (Ley 5 de 2017), para extender el plazo de emergencia fiscal hasta el 30 de junio de 2018.

La dirección tomada por Islas Vírgenes es muy distinta a la de Puerto Rico, ya que el gobierno local ha promovido iniciativas como la Transición Voluntaria, con el fin de que empleados públicos se trasladen al sector privado.

Todo forma parte de la necesidad de lograr ahorros millonarios exigidos por la JCF --ente federal a cargo de las finanzas del País-- para reducir las funciones de 118 agencias a unas 35. Empero, uno de los efectos de estas medidas, catalogadas como austeras, ha sido la migración de talento.

Según el director ejecutivo del Instituto de Estadísticas, Mario Marazzi Santiago, unas 184,000 personas se marcharon de Puerto Rico entre septiembre y noviembre de 2017 tras el paso del huracán María, lo que supone una perdida del 6% de la población.

Islas Vírgenes, en cambio, además de ser un territorio más pequeño, no tiene una JCF que sugiera la ruta de trabajo y parece buscar maneras de que los migrantes regresen.

En la Isla del Encanto, jefes de agencias recien creadas tambien devengan grandes cantidades, como es el caso del secretario del Departamento de Seguridad Pública, Hector Pesquera, quien genera $248,500 anuales.

Del mismo modo, el principal oficial ejecutivo de la Organización de Mercadeo de Destino de Puerto Rico (DMO, por sus siglas en ingles), Brad Dean, tiene un salario de $250,000 al año con oportunidad de bonificaciones.

La directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, gana $650,000 al año y tambien goza de beneficios como escoltas.