Tras una reunión en La Fortaleza con el Gobernador, el presidente del Colegio de Medicos Cirujanos, Eduardo Ibarra, subrayó que el Gobierno debe meterse de lleno en las disposiciones del Obamacare para que, por un lado se garanticen los beneficios de dicha reforma federal a los residentes de Puerto Rico y, por el otro, se eviten efectos financieros dañinos a las aseguradoras.

Pero la respuesta inmediata del Gobernador y su equipo de salud, quienes enfrentan un plazo el 1 de octubre para tener operacional el esquema con el que aplicarán Obamacare a la Isla, fue silencio en cuanto a si van a hacer todo lo que hay que hacer para la implantación de la reforma.

Para que Obamacare aplique en la Isla de una forma que no afecte la libre selección de planes médicos de parte de los pacientes, ni tampoco un aumento de gastos para las aseguradoras, el Gobierno tiene que legislar el tipo de mandato obligatorio que existe a nivel federal y que incentiva el que todas las personas que ahora no tienen plan se suscriban a alguno.

Ibarra reconoció que si Puerto Rico no implementa un mandato individual para obligar a los ciudadanos a comprar un plan médico, los costos de las primas de seguros de salud incrementarían ante el hecho de que a partir del 1 de octubre no se podrá denegar cubiertas a personas que presenten condiciones preexistentes. Sin embargo, el Gobernador no se comprometió en que su administración adoptará esta nueva disposición de la reforma federal.

Aunque la postura de Ibarra valida el argumento usado por Ángela Weyne, comisionada de Seguros, en la controvertible misiva que le emitió al Departamento de Salud Federal, solicitando que se excluyera a la Isla de las disposiciones de suscripción garantizada, el galeno se distanció de la infructuosa petición de la funcionaria gubernamental.

A preguntas de NotiCel, Ibarra explicó que si bien es cierto que la restricción de denegaciones de cubierta por condiciones preexistentes provoque lo que se conoce como una suscripción adversa, que inciden en un incremento en el costo de las pólizas, no avala las actuaciones de Weyne de pedir esta exclusión al gobierno federal.

En cambio Ibarra recomendó al Primer Mandatario a que se acojan en la Isla todas las disposiciones del Obamacare, incluyendo el mandato individual sujeto a penalidades para las personas que no cumplan; y el establecimiento de un 'Exchange' Criollo, que permita a los ciudadanos obtener un subsidio para la compra de un plan médico. Sus recomendaciones fueron hechas en persona en una reunión con el Gobernador en la Fortaleza.

Asimismo, el doctor Héctor Rivera, presidente del Comité de Derechos Humanos del Colegio, opinó que el hecho de que personas jóvenes y saludables compren un plan médico debido al establecimiento de un mandato individual, permite que se 'diluya el gasto', haciendo más viable la adquisición de un seguro médico.

Pese a la premura de que el Gobierno tome una determinación antes del 1 de octubre, fecha en que supone entre en vigor las disposiciones del Obamacare, García Padilla y su equipo de salud han optado por no hacer ningún pronunciamiento sobre las decisiones que tomará la administración.

Más allá de afirmar que se evaluarían las recomendaciones, Ibarra detalló que ni el Gobernador ni el doctor Jorge Sánchez, asesor senior en asuntos de salud; ni el doctor Francisco Joglar, secretario de Salud, se comprometieron en acogerlas.

Hay que recordar que a Puerto Rico ya le han sido asignados $925 millones para proveer subsidios a los ciudadanos mediante un 'Exchange'.