Las aseguradoras MMM Healthcare, Inc. y PMC Medicare Choice, Inc. demandaron al Estado Libre Asociado, a la Oficina de la Comisionada de Seguros (OCS) y a la propia Ángela Weyne, en el Tribunal Federal, para conseguir que dicha funcionaria deje sin efecto una orden emitida por su antecesor que protegía a los laboratorios de las prácticas de contratación y de pago de proveedores de la aseguradora, aludiendo que esta interfiere con la Ley Federal de Medicamentos Recetados, Mejoras y Modernización de Medicare del 2003.

La demanda contra Weyne resulta suspicaz ante la orden que ésta radicó el pasado enero, donde se inhibía de atender cualquier solicitud de querella, investigación o intervención, en relación a MMM; PMC; MSO; Aveta, Inc,; Multi-Health; e Innova Health Solutions, Inc. Esto porque antes de ser nombrada por el gobernador Alejandro García Padilla, fungió como vicepresidenta ejecutiva de Aveta, Inc., compañía matriz de MMM, PMC y MSO de Puerto Rico.

Con esta movida, MMM y PMC pretenden zafarse de una orden de cese y desista que emitió la pasada administración de la OCS en su contra en el 2012, en respuesta a una querella presentada por la Asociación Puertorriqueña de Dueños de Laboratorios Clínicos Privados, Inc.

En julio de 2012 la Asociación presentó una querella contra ambas aseguradoras y su subsidiaria MSO of Puerto Rico, para que desistieran de presionar con cancelaciones de contratos a los laboratorios que no firmaran un nuevo contrato de proveedores cuando había uno vigente, y reclamaban que se hiciera valer la Ley 104 del 2002.

La denominada Ley para el Pago Puntual de Reclamaciones a Proveedores de Servicios de Salud (Ley 104), entre otras cosas, dispuso que los proveedores someterían reclamaciones de pagos por servicios prestados dentro de un plazo de 90 días de haberse concretado el trabajo y que las aseguradoras venían obligadas a emitir dicho pago en su totalidad dentro de un periodo de 50 días a partir de que recibiera dicha reclamación.

MMM y PMC alegan que en agosto del 2012, el entonces comisionado de seguros, Ramón Cruz Colón, emitió una orden de cese y desista contra éstas, sin previo aviso.

Las aseguradoras argumentan que en el 2009 le delegaron a MSO las funciones de administrar y pagar reclamaciones a su red de proveedores. Y que en junio del 2012, MSO comenzó a enviar cartas a los proveedores de laboratorios clínicos de ambas aseguradoras, para explicarles que debían firmar un nuevo contrato, y que las cláusulas sobre procesamiento de los pagos y las reclamaciones quedarían inalteradas.

Pero en julio de 2012 la Asociación se querelló contra las aseguradoras reclamando que se desistiera de los nuevos contratos y aduciendo que estos estaban violando la Ley 104 del 2002 y el artículo 6 de la Regla 73 de la OCS.

El artículo 6 establece que todas las aseguradoras deben divulgar a sus proveedores información concerniente a aspectos como dirección física de donde se deben someter las reclamaciones, un número de teléfono que los proveedores pueden llamar para hacer preguntas y aclarar dudas, información sobe la entidad que se le ha delegado la autoridad de procesar reclamaciones, entre otros.

Intentos de las aseguradoras para que se desestimara la querella presentada por la Asociación fueron infructuosos. El planteamiento de las aseguradoras en la demanda que presentó el licenciado Harry Anduze es que tanto la Ley 104 como la Regla 73 son estatutos 'ilícitos' que interfieren con lo establecido en la ley federal que regula los planes Medicare Advantage.

MMM y PMC actualmente esperan por el resultado de un recurso de Revisión Administrativa que presentaron ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en diciembre del 2012, aduciendo falta de jurisdicción del entonces Comisionado de Seguros sobre su determinación relacionada a la reclamación de la Asociación.

Demanda MMM contra Comisionada de Seguros - NotiCel_3828