La principal aseguradora de salud del país y un laboratorio clínico tomaron represalia contra la informante de un esquema millonario de fraude que afecta fondos públicos estatales y federales, en parte, a instancias de una exjueza y política de alto nivel del Partido Nuevo Progresista (PNP), sostiene una demanda radicada la semana pasada en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico.

Las alegaciones resaltan en momentos en que la falta de suficientes controles sobre los fondos de salud se han levantado como uno de los puntos de resistencia del Congreso para asignar más de esos fondos a la isla. Tambien resaltan porque la persona haciendo las alegaciones, la demandante, fue precisamente la oficial de la aseguradora encargada de velar porque los procesos legales se siguieran al pie de la letra y por el buen uso de los fondos públicos.

Las partes demandadas son la aseguradora Triple S Salud, Inc., que domina el mercado de salud de Puerto Rico tanto a nivel de asegurados privados como a nivel de pacientes bajo el programa gubernamental Mi Salud, y Hato Rey Pathology Associates, Inc., tambien conocido como HRP, y que, aunque tiene poco negocio directo con el gobierno, es subcontratista de Triple S y tiene contratos con hospitales como Ashford Presbyterian, HIMA San Pablo y Damas de Ponce.

La demandante es la licenciada Rita Rodríguez Falciani, quien durante 19 años se desempeñó en Triple S como Oficial de Privacidad y Cumplimiento, Directora de la Unidad de Investigaciones Especiales y Auditoría y Directora del Comite de Fraude.

Las alegaciones están basadas en auditorías y comunicaciones oficiales que Rodríguez tuvo con la Oficina de la Fiscal Federal para Puerto Rico y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud federal, las cuales, hasta hoy, no han tenido acciones públicas sobre este referido de fraude.

Tambien, las alegaciones se basan en una carta que escribió a Triple S la exjueza apelativa, expresidenta de la Cámara de Representantes, comentarista radial y cabildera, Zaida 'Cucusa' Hernández Torres, misiva tras la cual Rodríguez fue despedida por Triple S.

Vea la demanda aquí:

NotiCel solicitó reacciones a Triple S y HRP sobre la demanda. La aseguradora dijo que tienen una práctica de no contestar sobre asuntos que están sometidos en los tribunales, mientras que, a la fecha de este escrito, el laboratorio no había contestado la solicitud.

En el documento suscrito por el bufete Berkan Mendez, se representa que el esquema de fraude que Rodríguez detectó fue sometido a las autoridades federales y que incluso fue objeto de un acuerdo de restitución entre Triple S y HRP.

La investigación de Rodríguez abarcó a cuatro laboratorios que realizaban pruebas geneticas a pacientes sin ninguna razón medica para ello, conllevó la radicación de tres demandas y, en el caso de HRP, una transacción para devolver unos $2.4 millones. En total, el esquema produjo pagos innecesarios por parte de Triple S de entre $11,000 y $16,000 por cada paciente que cayó en el gancho de aceptar una prueba genetica 'gratis', incluyendo asegurados de Mi Salud y asegurados del gobierno federal en la Isla. El monto estimado que Triple S pagó en las pruebas fue $13.7 millones.

Tras revelar el esquema con su grupo de trabajo, a Rodríguez se le encargó de monitorear el cumplimiento de HRP con el acuerdo de pago y con otras medidas que tendrían que implantar. Esto, hasta que el 15 de febrero de 2017, Hernández, quien no había comparecido antes como abogada de HRP, sometió una carta a Triple S en la que cuestionó la etica profesional de Rodríguez, adelantó que su cliente consideraba someterle una querella etica y exigió que se le removiera como supervisora del plan de cumplimiento de HRP.

Tres semanas despues, los superiores de Rodríguez le prohibieron que refiriera más asuntos a las autoridades federales sin la autorización de la División Legal de Triple S y, un día despues, la destituyeron.

'La presión ejercida por Hato Rey Pathologies y su abogada, la expresidenta de la Cámara de Representantes, causó que Triple S destituyera a la demandante', indica el documento que reclama compensación de aproximadamente $1.2 millones para la demandante.

Triple S ha dominado las contrataciones relacionadas con el seguro de salud público, inicialmente conocido como la Reforma de Salud, y la cantidad de información y experiencia que han acumulado en esa contratación le da, no sólo una posición privilegiada a la hora de competir con otras aseguradoras por el negocio público, sino tambien en posición ventajosa para sus líneas de negocio privadas.

El 26 de diciembre pasado, la Administración de Seguros de Salud le firmó a Triple S una extensión de su contrato con Mi Salud. El contrato sería vigente, retroactivo, desde el 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018 y, seún el registro de contratos de la Contralora, tiene un tope de $410 millones. Para la fecha de la firma del contrato, ya la aseguradora conocía del fraude con las pruebas geneticas y ya había despedido a Rodríguez.

Rara vez se adquiere conocimiento público, como en esta demanda, de las situaciones que pueden surgir entre Triple S y sus proveedores, como HRP, y que pueden implicar mal uso de fondos públicos.