No nos faltan castigos ni más leyes, es que nos sobran factores de riesgo sin atender
La sicóloga clínica Bárbara D. Barros Cartagena comenta sobre la falta de oportunidades, la pobreza y la violencia social.
En el día de ayer, Puerto Rico se estremeció con otra noticia que duele y alarma: Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, murió tras recibir varias puñaladas en Aibonito, presuntamente a manos de otras menores, mientras asistían a una fiesta de cierre de verano. Noticias como esta provocan frustración, coraje, tristeza y el inevitable cuestionamiento de cuándo trabajaremos por cambiar las cosas.
Más allá de las circunstancias puntuales, este caso es otro recordatorio de que la violencia juvenil en la isla no es un fenómeno aislado. Es el síntoma visible de un problema social profundo que hemos permitido que crezca durante años. Aunque la reacción inmediata suele ser exigir justicia y reforzar la seguridad, si nos limitamos a eso, en poco tiempo estaremos lamentando otro caso similar.
El sistema de justicia y la presencia policial tienen un rol que cumplir, especialmente en la contención de la violencia inmediata. Pero pensar que son las únicas herramientas es como poner una curita en una herida profunda: puede detener la hemorragia un momento, pero no sana. No es que falten castigos, es que sobran factores de riesgo sin atender.
Si no atendemos las causas estructurales y no reconocemos la violencia como un problema de salud pública que se incrementa con cada factor de riesgo ignorado, seguiremos repitiendo el ciclo. Un abordaje efectivo requiere la colaboración de diferentes sectores y un énfasis real en la prevención desde el hogar, entendiendo que no todos cuentan con las mismas condiciones o herramientas para lograrlo.
Por ejemplo, según el Instituto del Desarrollo de la Juventud, en 2023, el 54.3 % de los menores de 0 a 17 años —más de 269 mil niños y jóvenes— vivía bajo el nivel de pobreza en Puerto Rico, la tasa más alta entre todas las jurisdicciones de Estados Unidos. Este no es un dato menor: es el contexto en el que muchos crecen, rodeados de desigualdad, con pocas oportunidades y en entornos donde la violencia se vuelve parte de lo cotidiano. A esto se suman familias con adultos que carecen de las herramientas necesarias para una crianza efectiva y para modelar un manejo de emociones y resolución de conflictos saludables.
Es cierto que organizaciones sin fines de lucro y líderes comunitarios realizan un trabajo invaluable, cambiando trayectorias y ofreciendo alternativas reales. Pero el peso de un problema de esta magnitud no puede recaer solo en ellos. La responsabilidad principal es del Estado. El caso de la Oficina de Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC) es ilustrativo: creada hace 25 años para atender comunidades especiales con grandes retos y desigualdades, hoy esas comunidades aún enfrentan las mismas condiciones que motivaron su creación.
Por otro lado, habrá quienes reduzcan la problemática responsabilizando a las letras de las canciones o pidiendo más leyes punitivas. Sin embargo, la letra de una canción y las leyes no crían a un niño; lo cría su familia, su comunidad y el entorno protector que le brinde la oportunidad de un desarrollo saludable y un futuro viable.
Si queremos cambiar el rumbo, debemos priorizar la prevención atendiendo los problemas sociales que aumentan los factores de riesgo: la pobreza, la desigualdad, la falta de acceso a oportunidades, las crianzas sin apoyo y los entornos violentos. Esto implica reforzar programas en hogares y comunidades para trabajar con la salud mental, el manejo de emociones, los valores, la crianza saludable y la creación de entornos seguros.
Si queremos menos jóvenes en la criminalidad, tenemos que construir más oportunidades que cárceles y castigos. La verdadera seguridad se logra desde la niñez, invirtiendo en familias, educación y comunidades. Si no atendemos las raíces, la ola seguirá creciendo.
* La Dra. Bárbara D. Barros Cartagena es psicóloga clínica y conferenciante especializada en salud mental. Es profesora e investigadora en la Ponce Health Sciences University, en donde dirige el BRAVE Lab., un grupo de investigación enfocado en psicología de la salud y la salud mental de las mujeres.