Cuando el gobernador Ricardo Rosselló anunció en enero de 2018 la privatización de la Autoridad de Energía Electrica (AEE), puso el letrero de venta a una corporación pública que ya había pasado una fallida y costosa fiebre privatizadora durante la administración del exgobernador Luis Fortuño, del mismo Partido Nuevo Progresista.

Tras caminar entre las placas fotovoltaicas de la finca solar AES Ilumina en Guayama, que en 2012 se inauguraban como una de las más grandes del Caribe, Fortuño resumió ante los medios su nueva filosofía de producir energía con sol y viento: 'Esta estrategia de diversificación energetica tiene como propósito primordial abaratar el costo de la luz en el futuro y proteger nuestro ambiente'.

Ninguno de los objetivos se cumplió.

Sólo 11 de los 60 proyectos contratados bajo la administración de Fortuño llegaron a ponerse en marcha. La mayoría ofrece energía a costos onerosos para la AEE, de entre 18 y 20 centavos el kilovatio por hora (kWh), tomando en cuenta que ese es prácticamente el mismo costo que ofrece la corporación pública a los consumidores en este momento.

Por solo producir un 2% de su energía con fuentes renovables, Puerto Rico se encuentra entre las naciones y territorios de la cuenca del Caribe con más dependencia de combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas natural, según datos del BancoMundial. Estos combustibles fósiles no sólo contaminan sino que emiten gases de invernadero que aceleran el calentamiento global.

La fiebre privatizadora de Fortuño en realidad tenía una fuerte motivación adicional: consumir, antes que se terminara el plazo para gastar, los $7,000 millones en fondos federales de la Ley de Recuperación y Reinversión, mejor conocidos como fondos ARRA, que en 2009 había destinado el ex presidente Barack Obama para gastos como infraestructura.

Fue tanta la presión ejercida desde la Oficina del Gobernador en el círculo decisional de la AEE para lograr esos proyectos de energía renovable, que el Departamento de Justicia (DJ) la calificó como una intromisión indebida y determinó que se trató de un proceso 'viciado', según un documento de la agencia al que tuvo acceso el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). El proceso, sin guías para la contratación y sin un comite negociador, fue tan precipitado que el gobierno aprobó proyectos que excedieron la cantidad de energía que podía recibir la AEE, comprometiendose a pagar por más de lo que podía utilizar la red electrica de Puerto Rico, en 'un claro despilfarro de fondos' públicos. Fortuño no estuvo disponible para entrevista sobre el tema.

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