En un giro casi literario, este fin de semana la Policía de Puerto Rico experimentó dos golpes distintos, pero vinculados.

Por un lado, la muerte de su figura emblemática ante el pueblo, el ex Superintendente Pedro Toledo. Por el otro, la radicación de una demanda que la pone al borde de que sus operaciones esten controladas por el Tribunal Federal y el Departamento de Justicia federal debido a sus prácticas abusivas y violatorias de los derechos civiles.

¿La vinculación? Toledo, quien, aparte de la profusión de elogios que está recibiendo de todo el espectro político de la isla, es probablemente tambien la figura que más aportó a que la Policía pasara por la humillación de estar tan rota y corrompida que tiene que llegar un ente externo para formalmente ponerla en cintura.

Fue al cabo de los 12 años de jefatura de Toledo que Justicia federal le notificó a él personalmente que estaba iniciando una investigación contra la Uniformada por violación de derechos civiles, según está evidenciado en el informe de septiembre de 2011 que Justicia federal publicó y que incluye la carta a Toledo del 1 de julio de 2008 notificándole del inicio de la investigación.

Toldo mantuvo esa misiva secreta. La carta pasó a su sucesor, José Figueroa Sancha, quien, incluso, mantuvo a La Fortaleza a oscuras hasta que ya, tras el evento del motín en el Capitolio, la intervención federal se hizo inminente.

Una mirada al índice del informe ofrece un cuadro, más elocuente que los obituarios, sobre el desempeño de Toledo en la Policía. 'La Policía usa fuerza excesiva', 'la Policía actúa de manera discriminatoria', 'la Policía realiza allanamientos e incautaciones inconstitucionales', 'la Policía tiene un proceso de querellas seriamente deficiente', 'la Policía falla en abordar casos de violencia doméstica y agresión sexual', y 'la Policía tiene un sistema disciplinario ineficiente' son algunos de los hallazgos que el equipo investigador federal precisó tras 12 años de Toledo al mando de la fuerza policial.

Ese informe se tradujo en la demanda, y acuerdo, para implantar: prácticas de reclutamiento y ascenso basadas en el mérito, programas de educación continuada, creación de políticas de uso de fuerza, desarrollo de técnicas para manejar multitudes sin violar derechos constitucionales, la revisión inmediata de las incautaciones y allanamientos que realizan los miembros de la fuerza, la recopilación efectiva de datos sobre crímenes de odio, la grabación de declaraciones en las querellas por mala conducta de los agentes, convertir en causa disciplinaria el que un oficial se niegue a aceptar una querella contra otro oficial, obligar a que las investigaciones disciplinarias terminen en 90 dias, y mantener un sistema preciso de recopilación y diseminación de estadísticas criminales.

Esa demanda, radicada el viernes, estaría suspendida hasta abril de 2013 para darle una oportunidad a la Administración García Padilla para que la revisa y decida qué curso de acción tomar.

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