El secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, anunció el miercoles en La Fortaleza la firma de un acuerdo con el gobierno de Alejandro García Padilla para reformar la Policía de Puerto Rico y evitar la continua práctica de violación de derechos civiles por parte del cuerpo.

Meses de negociación entre el gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Justicia de Estados Unidos tuvieron como resultado un acuerdo de 100 páginas, más de 300 párrafos numerados que sufrieron cambios hasta el pasado domingo.

El acuerdo se presentará esta tarde ante el juez Gustavo Gelpí en el Tribunal Federal para el Distrito de la isla para su aprobación final. Entonces, podría comenzar su implementación.

Holder destacó que el Departamento de Justicia federal exigirá que la Policía implemente y mantenga una variedad de prácticas y servicios 'éticos y responsables'. Esto en términos del uso de la fuerza, allanamientos, confiscaciones, protección y actitudes no discriminatorias igualitarias y participación comunitaria.

'Estas acciones y políticas fueron diseñadas como remedio para una gama de deficiencias antiguas y arraigadas que fueron reveladas por una investigación exhaustiva del Departamento de Justicia, muchas de las cuales causaron o contribuyeron a las conductas ilícitas', expresó Holder. Aunque se distanció de llamar 'corrupta' a la Policía de Puerto Rico, mencionó algunos de los hallazgos del informe como usos de fuerza excesiva y fuerza letal; la supresión de derechos de libertad de expresión, detenciones, allanamientos y arrestos inconstitucionales; y otras prácticas discriminatorias, así como la falta de investigación de denuncias de agresión sexual y violencia doméstica.

Entre las provisiones se incluyen un mejor reclutamiento, contratación y profesionalización de la Policía; controles internos de responsabilidad, controles internos en los procedimientos de registros, arrestos e incautaciones; protección de la igualdad y políticas antidiscrimen.

Además, se busca responsabilidad y procedimientos en la supervisión, así como un compromiso con la comunidad y el acceso a información pública.

Parte importante de los cimientos de la reforma, explicó el superintendente de la Policía Héctor Pesquera, se concentra en el tipo y la continuidad del entrenamiento que se les ofrecerá a los agentes. También, será trascendental la mecanización de los procesos. 'El sistema administrativo y operacional tiene que estar mecanizado para mover a los policías a hacer algo'.

Para 'velar por el cumplimiento del acuerdo', el gobierno y la Policía seleccionarán a un Asesor de Cumplimiento Técnico, que será responsable de informar periódicamente sobre el avance en la implementación. Dijo Pesquera que actualmente no se tienen candidatos para esa posición.

El domingo, el secretario de Justicia de Puerto Rico, Luis Sánchez Betances, hizo los últimos cambios al borrador. Originalmente se estipulaban dos años para la capacitación original, pero se decidió establecer cuatro años. Se flexibilizó para poderse atemperar durante los años a las realidades económicas que surjan en el camino y se dejó clara la prohibición del discrimen por razón de ideología o afiliación política.

'El resultado final resulta es un excelente acuerdo. No fue un proceso adversativo. Fue un proceso de colaboración porque ambas partes estamos conscientes de la necesidad y de la realidad que tenemos'.

La reforma se sufragará en parte con los 20 millones adicionales que la administración le asignó a la Policía. Otros 10 millones del Departamento de Justicia Federal se dirigirán a esos fines. Luego, según apuntó Sánchez Betances, se adjudicarán otros tantos. 'Nosotros nos hemos abstenido de darle un precio a esa reforma en todo el tiempo que lleva porque va a depender a través de los años de cuánta capacitación, de cuánto equipo y cuán eficiente se haya hecho la Policía. Pensamos por eso que en los años venideros, los requerimientos presupuestarios van a ser menores. En los primeros años será la inversión mayor, que se estima que costará de 60 a 80 millones'.

'Este acuerdo se presenta para evitar que la ciudadanía se convierta en víctima de fuerza excesiva por parte de la Policía', mencionó García Padilla.

El acuerdo comenzó a allegarse durante la administración de Luis Fortuño, luego de la publicación de un informe sobre la continua práctica de excesos en la fuerza y discriminación en la Policía, a partir de una investigación iniciada en 2008.