Tras los arrestos durante el Paro Nacional el 1 de mayo y la consulta de estatus el pasado 11 de junio, manifestantes, abogados y ciudadanos en general han utilizado las redes sociales para poner en tela de juicio la forma en que la Policía de Puerto Rico realiza sus operativos y arrestos.

Las acusaciones mantienen vigente la investigación que realiza el Departamento de Justicia (DJ) federal a la Policía de Puerto Rico por violaciones a derechos civiles. A pesar de las incesantes denuncias a través de redes y los medios noticiosos, la Superintendenta de la Policía, Michelle Hernández, recalcó que desde que ocupa el cargo no ha recibido una querella formal respecto al proceder de sus oficiales.

'Si alguien piensa que un policía hizo mal, tiene que decirlo. Para investigar y levantar una querella tiene que haber algo por escrito. Yo llevo cinco meses y todo el mundo habla, veo artículos en el periódico y todavía no he recibido nada por escrito. 'Yo soy fulana de tal, a mí me arrestaron en tal y tal sitio, y el que me cogió nunca se identificó y no vi esto y no vi lo otro'. Tienen que escribir', expresó a NotiCella Jefade la Policía.

Tras el plebiscito se convocó a una manifestación de grupos independentistas en contra del evento electoral y del gobierno de los Estados Unidos. Según informó la Policía, agentes—tanto uniformados como en ropa civil—arrestaron a tres jóvenes por usar capuchas y pintar con aerosol las paredes del Banco Popular en Hato Rey.

Los jóvenes arrestados fueron AdriánRoblesReyes de 32 años, Jean Rosario Alvaradode 27 años, y Víctor RodríguezMaldonado, de 22. Este último tuvo su vista preliminar la mañana de hoy, miércoles, ante el juez Rafael Taboas Dávila del Tribunal de Primera Instancia de San Juan por cargos de intimidación contra la autoridad pública y empleo de violencia.

Ante el mismo Juez, continuará a la 1:30 p.m. la vista preliminar contra los estudiantes ValeriaHerrera Huyke y Carlos Farmer Toro, arrestados durante el Paro Nacional y acusados por Ley de Armas, motín y daño agravado. La pareja se apoderó de las redes cuando las cámaras captaron el momento en que se despedían con un beso antes de que los agentes los llevaran arrestados.

De acuerdo a Mariana Nogales Mollineli, una de las abogadas de los manifestantes, los agentes no le permitieron comunicarse con los detenidos hasta pasadas las 29 horas del arresto, contrario a la urgencia explícita en ese derecho.

'De acuerdo al tipo de caso que era, pues esto no era un asesinato ni nada más complicado, se viola el derecho de acceso al abogado. Esa es la mayor irregularidad porque el resultado fue que no pudimos tener acceso a los representados hasta 29 horas después. Se supone que eso sea inmediato', explicó la abogada a preguntas de este medio.

Nogales relató que los manifestantes fueron trasladados a la una de la madrugada del cuartel de Hato Rey al tribunal más cercano, pero el caso no fue atendido hasta las 10:00 a.m. También, relató que los oficiales confiscaron licencias de conducir, celulares y otras pertenencias de los arrestados, por lo que exigieron un affidávit a los abogados para devolverlas.

'Los policías dijeron que fuéramos a recogerlas el miércoles a las ocho, así de específicos. Allí, dijeron que la fiscal tenía que preparar un documento, desglosar cuál era la propiedad y que ellos habían citado ese día [miércoles] para dar la orientación de cómo recoger las pertenencias, cuando delante de nueve abogados habían dicho que era para entregarlas. Al día de hoy no las hemos podido recoger. Ellos lo que alegan es que hay una normativa nueva, que se tiene que presentar un affidávit para las pertenencias, pero es algo que ni la fiscal de distrito conocía', afirmó Nogales Mollineli, quien forma parte del Comité de Acción Legal.

Por otro lado, la abogada denunció el amplio despliegue de Policías durante las protestas.

'En una manifestación donde no habían ni 200 personas, habían como 500 policías. Es un mal uso de recursos de la Policía para una manifestación en donde no ocurrió nada y para este tipo de manifestaciones están utilizando los cuerpos de investigación criminales, la División de Arrestos Especiales, o sea, unas divisiones que intervienen con narcos. Esas son las divisiones que están interviniendo en manifestantes, no la policía regular', aseguró Mollineli.

Precisamente uno de los señalamientos que hizo el DJ federal en su informe, que dio paso a la reforma policiaca, abordaba el uso de fuerza irrazonable y conducta impropia dirigida a suprimir el ejercicio de libertad de expresión.

La Superintendenta aseguró que la reforma ha contribuido a cambiar la cultura de los procesos en la agencia, no obstante, insistió en la necesidad del insumo de los ciudadanos para notar una evolución mayor.

'Si alguien cree que nosotros hemos hecho algo no debido, hay un proceso de querella y se investiga. El problema es que si nadie escribe y dice, qué voy a investigar?', añadió Hernández de Fraley.

Así como Nogales Molinelli, el abogado Alvin Couto de Jesús reseñó las irregularidades del proceso el 11 de junio.

'Me pregunto con total candidez: Necesitaba el estado tener detenida tres personas por mas de 30 horas para desviar el tema del fiasco del plebiscito? Hay una orden del Departamento de Justicia de no permitir el acceso de los abogados a los arrestados hasta minutos antes de vista con prisa y a la cañona? Por qué y bajo qué orden están cambiando los protocolos en los cuarteles. Por qué usan a los agentes de la unidad de drogas constantemente en operativos con manifestantes?', cuestionó Couto de Jesús en su página pública, ya que él también formaba parte de los abogados de los manifestantes.

Otra de las quejas principales ha sido el uso de agentes 'encubiertos' y los vehículos no identificados como parte de la flota policiaca.

Ejemplo de ello pudo verse a finales de abril tras el arresto de dos estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) por agentes vestidos con ropa civil durante una protesta en los alrededores del Capitolio, acto aplaudido por la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez.

'La Policía de Puerto Rico tiene dos tipos de vehículos: los rotulados y no rotulados, al igual que tiene policías en uniforme y policías en ropa civil. No se llaman encubiertos. Son policías haciendo trabajo confidencial. Son policías. Cuando hay un asesinato, la persona del negociado de homicidios que va, está en ropa civil y no es ningún encubierto', explicó Hernández de Fraley.

En ese momento, el Movimiento Estudiantil de la UPR y representantes de los sectores participantes de la actividad alegaron que los arrestos fueron ilegales. Según justificaron, los agentes no lucían uniformes, no tenían placas ni identificaciones visibles y los estudiantes detenidos fueron transportados en carros civiles, no en patrullas policiacas.

En constancia con estas declaraciones del Movimiento Estudiantil, la comunidad universitaria difundió en las redes sociales la imagen del agente Ivan Bahr Silva, exdirector de la División de Drogas, a quien denunciaron como el líder del operativo. También revelaron que el oficial ha trabajado en pasadas manifestaciones de la UPR.

'Se me hace bien difícil hablar de esto porque no tengo carne para decir qué sucedió o no sucedió porque nadie ha dicho nada. Yo personalmente sé que en todos los adiestramientos que se le da a la Policía se les dice: comandos verbales antes, durante y después estés en lo que estés, porque bajo la Regla 11 de Procedimiento Criminal, los policías en Puerto Rico, por ley, son 24/7. Así es que, cuando uno de mis policías se va y dice que ya terminó de trabajar, se mete en su carro y ve un accidente, se tiene que parar. Es una obligación. Eso es una de las cosas que mucha gente aquí en Puerto Rico no entienden, no existe un policía en vacaciones', señaló Hernández de Fraley.

Según reveló la Superintendenta en la vista pública del 14 de junio, si puede demostrar a nivel federal dos años consecutivos de cumplimiento con la reforma policiaca, se liberarían del proceso. En ese caso, necesitarían sostener dos elementos: buena ejecución en cuanto a la política pública de seguridad y el adiestramiento de oficiales, y la implementación de tecnología para mejorar el desempeño.

Aún restan cinco años y ocho meses de cumplimiento con las disposiciones del acuerdo.