Aunque la Junta de Control Fiscal (JCF) recomendó de manera unánime la reducción de jornada laboral para los empleados públicos de Puerto Rico a partir del 1 de septiembre, la determinación excluiría a los policías que trabajen directamente en la seguridad pública.

'El concepto de reducción de jornada laboral es a todos. Depende de cómo se corran los programas, pero la única excepción es para, básicamente, los policías que están trabajando en seguridad pública directamente. Hay consideraciones para asegurarse que no hayan problemas en el sistema de Salud y que no haya efectos adversos en áreas críticas', aseguró Ana Matosantos a preguntas de la prensa.

Matosantos fue enfática en que los pormenores de la reducción de jornada serían determinados por el Gobierno de Puerto Rico.

Asimismo, la directora ejecutiva de la Junta Natalie Jaresko señaló que la reducción de jornada consistirá de dos días al mes por empleado a partir del 1 de septiembre hasta el fin del año fiscal, que sería el 30 de junio de 2018.

Jaresko también hizo la salvedad de que los 'policías en primera línea' quedarían exentos de esta decisión. No obstante, no ofreció más detalles.

El Gobierno, según datos compartidos por la administración actual, emplea a 150,895 personas, de las cuales alrededor de 138,415 se verían afectadas por el recorte en días de trabajo.

El recorte representa una disminución en 10% al sueldo de los empleados. Por ejemplo, si una persona ganara $2,000 al mes, con la reducción de jornada devengaría alrededor de $1,800, un total de $2,400 menos al año y todo el impacto que eso implique a su diario vivir.

De la misma manera, y de acuerdo al gobernador Ricardo Rosselló Nevares y a su equipo de trabajo, en términos de la economía de Puerto Rico en general la reducción de la jornada laboral tendría un impacto de más de $600 millones en dos años.

La JCF aprobó esta medida, una que Rosselló Nevares ha sido enfático en que no implementaría, porque los ahorros del Gobierno de Puerto Rico no han cumplido con las proyecciones propuestas.

Durante su novena reunión, el ente federal reconoció que el Gobierno ha logrado un progreso significativo en el ajuste de $662 millones, empero, las proyecciones de ahorros ascienden a $880 millones, según estipuladas en el Plan Fiscal certificado. Por tanto, la reducción de la jornada laboral supone recaudar los $218 millones restantes.

Por otro lado, la JCF determinó que el Bono de Navidad de los empleados públicos no será afectado por el momento. No obstante, en septiembre del año en curso revisarán el estado de los recaudos y tomarán otra decisión al respecto.