Aunque se produjeron unos arrestos casi simultáneamente con la masacre de Piñones al inicio del domingo, tarde en la noche prevalecían las dudas sobre el proceder de la investigación.

Lo que parecía evidente era que en horas de la mañana del lunes le someterían cargos criminales a uno de los tres arrestados por la posesión ilegal de un arma de fuego.

Los hechos ocurrieron a la 1:43 a.m. en las inmediaciones de la taberna DJ's Towny Sports Bar cuando Ricardo González Díaz, de 15 años de edad, los hermanos Joshua Noel Merced Ramos, también de 15, y Kelvin Joel Merced Ramos, de 20, y William Morales Rivera, de 21, todos vecinos del residencial público Villas del Rey en Caguas, fueron asesinados de disparos a corta distancia a sus cabezas. Horas después, temprano en la tarde la policía detuvo a cuatro adultos entre los 19 y 30 años de edad como personas de interés en el caso.

Fuentes de NotiCel revelaron que la pesquisa está enfocada, pero en ciernes sobre la forma en la cual los cuatro jóvenes fueron asesinados con certeros disparos a la cabeza a corta distancia, en un paraje de bicicletas próximo a la citada taberna en el paseo lineal del litoral de Piñones, área turística playera conocida por sus alcapurrias y animado ambiente.

El lugar de procedencia de las víctimas y el de los arrestados minutos después en la Avenida Isla Verde, arroja más dudas aún. Todos provenían de lugares distintos. Las víctimas eran de Caguas, los arrestados son residentes del sector Melilla del barrio Medianía Alta de Loíza, el cual es cercano al de Piñones, también en Loíza, y vecino cercano de Isla Verde en Carolina.

La pistola Glock calibre .40 ocupada en el vehículo Toyota Corolla color gris intervenido frente a un conocido hotel del sector turístico de Isla Verde fue hurtada en San Juan, y los ocupantes del automóvil fueron arrestados en su posesión por un policía municipal de Carolina.

Uno de los ocupantes de este vehículo había sido fichado este mismo año por una violación de sustancias controladas y la pistola ocupada el domingo había sido alterada para funcionar como una automática, la cual estaba equipada con un cargador para un número mayor de balas que el típico para su tamaño.

A pesar de esto, ni el fiscal estatal a cargo de ambos casos, Juan Robles Adorno, ni las autoridades federales, se aprestaban a radicar cargos que vincularan a los detenidos con la masacre. Puede que las autoridades federales asuman jurisdicción en el caso más adelante, según fuentes de NotiCel.

Los noticiarios televisivos del atardecer del domingo destacaron el silencio del gobernador Alejandro García Padilla y del superintendente de la Policía Héctor M. Pesquera sobre la séptima masacre que se produce en la Isla en lo que va de año mientras que con los 17 asesinatos del fin de semana la cifra de asesinatos alcanzó la suma de 699 para los primeros diez meses y medio.

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