La presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Liza García, dijo que la Superintendente de la Policía, Michelle Hernández, erró al enviar una carta a los miembros de ese cuerpo en la que les exhortaba a votar el domingo en el colegio electoral más cercano a donde estuviesen asignados a trabajar, 'como voto añadido a mano'.

En una resolución emitida hoy, García dijo que con su acción, la Superintendente 'usurpa los poderes inherentes de la Comisión Estatal de Elecciones. La autoridad para regir todo proceso electoral reside en la Comisión Estatal de Elecciones y no en las fuerzas de seguridad del Estado'.

La presidenta de la CEE dijo que sólo los policías que presten servicios el domingo en centros de votación o en Juntas de Inscripción Permanentes distantes a su centro de votación y fuera de su municipio, podrán ejercer el derecho al voto en el ‘colegio añadido a mano' del centro de votación en que se encuentren laborando'.

Para ello, los policías deberán presentar su tarjeta de identificación electoral. Además, aclara que no pueden reclamar ese privilegio 'los miembros de la uniformada que ya solicitaron voto adelantado' o 'que pueden ejercer su derecho al voto en turno prioritarioen el colegio que por ley le corresponda'.

También se le requirió a Hernández que someta un listado de todos los policías que trabajarán ese día y que 'no estarán cerca de su colegio de votación'.

Por otro lado, García también declaró ilegales las instrucciones impartidas por el Partido Nuevo Progresista instando a la ciudadanía a votar en cualquier unidad electoral del país, independientemente de su domicilio.

En la Resolución se establece que para 'garantizar la pureza del evento, evitar influencias indebidas y que el proceso transcurra en paz y orden', el lugar donde se vota debe ser en aquel 'pautado por la CEE', y no 'quedar a la exclusiva voluntad o al arbitrio del elector'.

Ordenó que se instruya a las Juntas de Inscripción Permanente y a las comisiones locales para que orienten correctamente a los electores y funcionarios.

La presidenta García subrayó en su Resolución que '...toda persona que provea al elector información incorrecta respecto al lugar en que le corresponde votar a un elector....incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de reclusión por un término mínimo de un mes y máximo de seis (6) meses o multa que o excederá de quinientos (500) dólares, o ambas penas a discreción del Tribunal'.

Lee la resolución abajo.

Resolución de la CEE_25441