El panel de jueces federales apelativos que atendió hoy la vista en la demanda por los votantes excluidos del Registro Electoral adelantó que los demandantes 'han demostrado la probabilidad de exito en su impugnación del Código Electoral del Siglo 21 (y que) han cumplido con la requerida muestra de potencial para daño irreparable, al no votar en las elecciones generales, si se les deniega la solcitud de remedio preliminar'.

Sin embargo, no tomaron una decisión hoy porque encontraron que falta levantar la evidencia de cómo una intervención del tribunal afectaría el proceso de andamiaje de las elecciones, por lo que pidió a una jueza federal que realice una vista urgente al respecto.

El grupo de jueces, que encabeza el puertorriqueño Juan R. Torruella, ordenó a la jueza federal Carmen Consuelo Cerezo celebrar una vista evidenciaria no más tarde del 15 de octubre y certificar sus hallazgos al Primer Circuito de Apelaciones no más tarde del 17 de octubre.

Al centro de la controversia está la capacidad de 500,000 electores para poder votar en las elecciones del 6 de noviembre. Ahora mismo, esos electores están fuera del registro por virtud del sistema de exclusión automática que opera en Puerto Rico. Las declaraciones de los jueces se dieron aún cuando el Departamento de Justicia federal le indicó al tribunal que una de las dos leyes sobre las cuales los demandantes hicieron su reclamo no aplica a la isla.

Antes de la orden de los jueces, los abogados que solicitan la reactivación en el registro de electoral de estos votantes se mostraron satisfechos por la presentación que se hizo al Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito.

'Logramos presentar con claridad los argumentos por los que entendemos que la Comisión Estatal de Elecciones carece de poder jurídico para inactivar a un ciudadano en el registro electoral por no haber votado en una elección anterior', indicó el representante Charlie Hernández, uno de los abogados del caso.

Por su parte, el profesor de derecho constitucional, Carlos Del Valle, explicó al Tribunal las consecuencias jurídicas de excluir esa cantidad de electores sin siquiera haberles notificado que estaban en riesgo de perder su derecho constitucional al voto.

'La Comisión Estatal de Elecciones ni siquiera trató de fundamentar las razones que justifican las reglas de exclusión de electores. Parece que la CEE ha olvidado que su función estatutaria es fomentar elecciones con la mayor participación posible de la ciudadanía. Sin embargo, excluyen sobre medio millón de electores del registro para luego gastar más de cinco millones en una campaña de medios para que se reinscriban', indicó Del Valle.

De igual forma, los letrados caracterizaron como 'pobres excusas' las justificaciones brindadas por la CEE para no poder cumplir con la inclusión de esos nuevos electores.

'Se han atrevido incluso a decir que no tienen papel para imprimir las papeletas como si viviéramos en la edad de piedra. El tribunal no puede reconocer un argumento de tan poca monta', señaló Hernández.

El Tribunal de Apelaciones escuchó los argumentos de las partes y se espera que en los próximos días emita una determinación sobre la controversia planteada.

Explicaron que en esencia, se ha planteado al tribunal la legalidad de una sección de la ley electoral de Puerto Rico que excluye del registro de electores activos a un elector que no vota en una elección general.

'Esa exclusión expresamente contradice el texto de dos leyes federales: National Voter Registration Act y la Help America Vote Act. La CEE y el Partido Nuevo Progresista alegan que esas leyes no aplican a Puerto Rico a pesar que las mismas dicen aplicar a la elección del comisionado residente', dijeron.

*Publicado originalmente 11 de octubre a las 7:02 pm.