El Primer Circuito de Apelaciones en Boston emitió una fuerte opinión la tarde del viernes en la que llama la atención al juez Juan Perez Gimenez y al Gobierno de Puerto Rico por ignorar en varias ocasiones las órdenes del foro apelativo para que permitieran a los sindicatos participar de la campaña electoral sin necesidad de buscar el aval de todos los miembros del gremio.

La decisión señala, además, que las restricciones impuestas por la Ley 222 para el financiamiento de las campañas políticas son excesivas y no cumplen la máxima constitucional de limitar a lo estrictamente necesario las restricciones a la libertad de expresión.

En la orden, el tribunal fundamenta el interdicto preliminar otorgado la semana pasada al Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores que permitirá a esa unión costear una campaña de medios a favor de la candidata a la alcaldía de San Juan, Carmen Yulín Cruz y el candidato a representante por acumulación del Movimiento Unión Soberanista, José Rivera Santana.

'A pesar de la gravedad de los reclamos y de meses de pulseos procesales, incluyendo dos mandamus de esta corte contra la corte de distrito (al juez Pérez Giménez) ordenando que resolviera la petición de los demandantes y los méritos de sus reclamos constitucionales, ambos la corte y el gobierno se negaron a atender el asunto en sus méritos', lee el escrito.

Al entrar en los fundamentos de la decisión, la corte sostiene que la Ley 222 para el financiamiento de las campañas políticas impone 'carga sobre carga en un esfuerzo por restringir el derecho de expresión política de las personas jurídicas sin ninguna indicación de que esas medidas sean remotamente necesarias para alcanzar el interés articulado por el estado'.

Así también llama 'draconianas' las penas que impone por la violación del estatuto.