El Municipio de Guaynabo, su alcalde, Hector O'Neill, y su hijo, Hector O'Neill Rosa, enfrentarán un juicio federal, y un proceso de descubrimiento de prueba, en la demanda en la que se alega que ambos mantenían un 'haren' en el Municipio.

Asílo determinó la jueza presidenta del Tribunal Federal, Aida Delgado, el viernes en la tarde en una moción en la que denegó la solicitud que habían hecho los demandados para que el pleito fuera desestimado.

Esto implica que los demandados enfrentarán un proceso de descubrimiento de prueba y, posiblemente un juicio en su fondo, por las alegaciones de la abogada Inés María Jelú Iravedra, quien sostiene en su pleito contra el Municipio y el hijo del Alcalde que fue víctima de un patrón de hostigamiento sexual por parte de éste y que el ayuntamiento no hizo nada para detenerlo.

El alcalde O'Neill no es un demandado nombrado, pero hay alegaciones en su contra y ya se le han hecho requerimientos de prueba y se adelantó que será citado para deposición.

También el viernes en la tarde, Delgado le concedió una victoria al hijo del Alcalde cuando ordenó que se devolviera al Tribunal de Primera Instancia una demanda que el hijo del Alcalde había sometido contra la abogada alegando difamación. La abogada había pedido que ese pleito se viera en el foro federal, donde está sometido su otro pleito, pero la jueza no estuvo de acuerdo y concedió la petición de O'Neill Rosa de devolver el pleito al foro local.

O'Neill Rosa fue director de la Oficina de Asuntos de la Juventud durante la Administración Fortuño y, para efectos de la demanda, no ocupa puesto formal en el municipio aunque se indica que los hechos de hostigamiento ocurrieron en las instalaciones municipales y que fueron referidos a varios supervisores, incluyendo una alcaldesa interina, sin que se tomara acción que no fuera empujar a la demandante hacia un despido constructivo. La demanda de la abogada alega que O'Neill Rosa estaba 'siguiendo el ejemplo de su padre'.

'Al tiempo en que ocurrieron los actos de hostigamiento sexual detallados anteriormente, la política no escrita en el municipio era que era aceptable que el alcalde O'Neill García y su hijo O'Neill Rosa tuvieran relaciones sexuales con empleadas mujeres', dice la demanda que reclama pago de $10 millones.

'Más aún, las empleadas mujeres que se involucraban en relaciones sexuales con ellos eran tratadas favorablemente y se les daban mejores condiciones de empleo, oportunidades, ascensos y beneficios que las que no lo hacían. De hecho, el alcalde O'Neill García fomentaba este tipo de conducta mediante tener relaciones íntimas con varias subordinadas, y mediante tratarlas más favorablemente y darle mejores oportunidades de empleo que a otras empleadas mujeres', añade.

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