En momentos en que el Municipio de Guaynabo enfrenta una demanda federal por un patrón de hostigamiento sexual del hijo del alcalde Hector O'Neill Rosa, la Legislatura Municipal allanó el camino para que se pueda pagar a plazos cómodos cualquier sentencia judicial contra el Ayuntamiento.

Amparándose en la crisis fiscal, la Legislatura Municipal de Guaynabo aprobó una ordenanza que permitirá establecer planes de pago para cualquier sentencia que implique el desembolso de fondos de su presupuesto sin que se afecte el funcionamiento del Municipio.

'Creemos que se está preparando el camino para esta transacción que está viva en el Tribunal Federal sobre el caso del hijo del alcalde Héctor O'Neill y en el que el Municipio es demandado por no actuar cuando la víctima denunció el patrón de hostigamiento', denunció el portavoz del PPD en la Legislatura Municipal de Guaynabo, Héctor Landrau.

En la demanda presentada por una exempleada municipal se alega un patrón de acoso sexual del hijo del Alcalde,O'Neill Rosa, a través de mensajes de llamadas, mensajes de textos y contacto físico. La demandante pide $10 millones por los daños sufridos tras el patrón de acoso al que fue sometida y del que tuvo conocimiento el Municipio sin que tomaran acción alguna. En la demanda en la que se halla la alegación de que las empleadas del Municipio tenían que hacerle favores sexuales al Alcalde o a su hijo para avanzar en sus posiciones. Se trata de la misma alegación que la Vicealcaldesa de Guaynabo y un grupo de empleados intentaron rechazar con una conferencia de prensa el martes pasado.

La ordenanza 75 del Municipio de Guaynabo, aprobada el lunes en la noche recoge el marco legal establecido por la Ley 3 aprobada por la administración Rosselló para atender la crisis económica, fiscal y presupuestaria del gobierno.

'El pago mediante una suma global de sentencias finales y firmes con excepción de sentencias en casos de expropiaciones forzosas, causaría un impacto negativo a la estabilidad fiscal y operacional del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo a los gobiernos municipales', reza la ordenanza.

Con la aprobación del estatuto, se busca proteger 'los recursos económicos de nuestro Municipio, redunda en beneficio de la seguridad y el bienestar general de nuestros ciudadanos'. La legislación municipal establece que, de ahora en adelante, cuando una demanda sea igual o menor de $100,000 el Municipio de Guaynabo podrá satisfacerla entre uno a tres años a partir del momento en que la sentencia sea final y firme.

Si la cantidad de la sentencia a pagar fluctúa entre los $100,000 y $1 millón el plan de pago sería entre tres y cuatro años; el Municipio tendrá hasta siete años para pagar sentencias entre $1 millón y $7 millones. La ordenanza permitirá pagar en un plazo de hasta diez años cuando la sentencia sea entre $7 millones y $20 millones.

Para sentencias judiciales que superen los $20 millones, la ordenanza dispone que el Municipio de Guaynabo fijará un plan de pago como parte del proceso presupuestario siguiente a la fecha que sea final y firme y nunca excederá los $3 millones anuales.

De no haber disponibilidad de fondos para honrar el plan de pagos en un año fiscal particular, este será aplazado para el próximo año. La ordenanza también dispone que para recibir el pago, se tendrá que probar mediante certificación que el acreedor no es deudor del Departamento de Hacienda, el centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y la Administración para el Sustento de Menores (ASUME).

La ordenanza aplicará a toda transacción administrativa, extrajudicial o judicial en la que no exista un de plan de pagos previamente acordado por el Tribunal