Reducción de gobierno; enfasis en sector privado; plebiscito; buen aparato de comunicación y proyección… Aunque han pasado 24 años y la coyuntura fiscal del país bajo el mando de una Junta de Control Fiscal (JCF) impuesta por el gobierno de Estados Unidos no tiene precedentes, los primeros cien días de la Administración Rosselló Nevares guardan muchos paralelismos y semejanzas con ese mismo período en la gobernación de su padre, Pedro Rosselló, en 1993.

En 2017, Ricardo Rosselló Nevares ha dedicado gran parte de estos primeros cien días de gobierno en establecer el marco legal que le permitiría reducir los gastos como parte de las nuevas obligaciones de rendir cuentas a una Junta con poderes sobre el gobierno democráticamente electo.

Pese a que, en sus dos cuatrienios como gobernador, Pedro Rosselló González tomó más de $10,000 millones en deuda para, entre otras cosas, la construcción de grandes proyectos de infraestructura y el establecimiento de la entonces llamada 'tarjetita de Rosselló' con la que cambió el sistema de salud pública de la Isla; sus primeros cien días tomaba decisiones para cortar 'grasa del gobierno'.

La primera legislación con impacto fiscal que aprobó la administración de Pedro Rosselló en 1993 fue la Ley 2 que eliminó prospectivamente las pensiones de los exgobernadores. La pieza legislativa denominaba las pensiones como un 'despilfarro de fondos que debían ser redirigidos a prioridades y necesidades reales del pueblo'. Se derogó la ley que desde 1965 otorgaba una pensión a los exgobernantes; pero se mantuvo la operación de las oficinas de los ex gobernadores, equipos, conductor etc. Esa derogación tuvo un retorno en los últimos días del mandatario cuando fue pieza clave para descubrir ilegalidades y fraude con su pensión como profesor de la Universidad de Puerto Rico.

Aunque parezca un eco de algunas de las leyes recientemente aprobadas, o un estribillo de la pasada campaña e incluso alguna conclusión del trabajo realizado para confeccionar el llamado 'Plan para Puerto Rico', ya en 1993, Rosselló González arrancaba en los primeros cien días de su primer término con medidas para la consolidación de agencias, bajo el principio de que el gobierno es ineficiente, burocrático y con una intervención irrazonable en el sector privado que obstaculizaba la inversión privada.

Rosselló González encaminó en los primeros cien días de su primer término, una reorganización del aparato gubernamental sobre la premisa de su crecimiento desmedido; la centralización y reglamentación excesiva de servicios. De esta forma se comenzó a transformar al sector público para que fuera un 'facilitador' del sector privado.

La Ley 5 ordenó la reducción y eliminación de agencias; evitar la duplicidad de servicios y la transferencia de aquellos que pudiesen ser ofrecidos por los municipios. Mediante orden ejecutiva (1993-05) se establecieron los mecanismos para trasladar y reubicar a los empleados públicos, lo cual tiene visos del 'Empleador Único' que impulsó su hijo.

Al igual que hizo Ricardo Rosselló en sus primeras órdenes ejecutivas, su padre también propuso congelación de plazas, la reducción de gastos en el gobierno y la prohibición de toda contratación de servicios profesionales y/o consultivos si no eran aprobadas por el entonces secretario de la gobernación, Álvaro Cifuentes.

Mediante las órdenes ejecutivas 1993-04 y 1993-05, el entonces gobernador Rosselló paralizó los nombramientos a plazas vacantes, nuevos contratos de servicios profesionales y/o consultivos e implantó una reducción de gastos en el gobierno en la que cualquier excepción debía ser aprobada por La Fortaleza, incluyendo viajes; contratos de alquiler o compra de vehículos.

Otra similitud entre ambos gobernantes es el énfasis en adelantar la estadidad mediante consultas de estatus en sus primeros días en La Fortaleza. Aunque Rosselló González no aprobó legislación a esos efectos hasta el 4 de julio de 1993, desde principios de su administración se trabajó la propuesta para encaminar la consulta de noviembre de ese mismo año. Ricardo Rosselló repite en 2017 con una consulta ya aprobada para junio próximo.

Ambos gobiernos comparten además de propuestas gubernamentales, un aparato de comunicación impecable para proyectar su gestión. Precisamente el precursor de esta tendencia lo fue Pedro Rosselló con el entonces director de la Oficina Central de Comunicaciones, Alberto Goachet. Proactividad, uso de herramientas de comunicación masiva y la proyección visual de un gobernante con pocas o ningunas credenciales de administración gubernamental o política previas le ganaron el calificativo de candidato 'fabricado' por expertos en el área de comunicación de aquella época.

Hoy día, más allá de la campaña, Ricardo Rosselló desde su elección es acompañado por un equipo similar o superior al de su padre, añadiendo la cercanía de las herramientas de las redes sociales para establecer en sus primeros cien días un aparato de comunicación efectivo para manejar la percepción sobre su gestión.

En los primeros cien días de mandato de Rosselló González en 1993 se aprobaron siete leyes, siendo la primera la que establece el inglés y el español como los idiomas oficiales en Puerto Rico para 'afianzar la ciudadanía americana al oficializar ambos idiomas en la gestión gubernamental'. La ley derogó la ley 4 del 1991 comúnmente conocida como el 'Spanish only'. La presente administración debate el asunto desde la perspectiva de la educación bilingüe en las escuelas públicas del país.

Mientras que Rosselló Nevares prepara un proyecto de ley para establecer el acceso a la información prometiendo transparencia para hacer públicos todos los documentos e información del gobierno a través de las páginas electrónicas de las agencias; el 4 de enero de 1993 su padre firmó una orden ejecutiva para derogar la llamada 'ley de mordaza' del 1991. Esta orden tenía el propósito de facilitar que la prensa y todo ciudadano tuviera acceso a documentos y otra información pública sin que el gobierno le requiera las razones o motivos para el requerimiento de dicha información. Esta orden ejecutiva fue eliminada en marzo del primer año de Rosselló González.

La criminalidad fue una de las áreas prioritarias de RossellóGonzález. En febrero en 1993 ofreció un mensaje especial ante la Asamblea Legislativa donde estableció la llamada 'mano dura contra el crimen'.

'Nos han pedido guerra y guerra tendrán. Que sepa el criminal; nuestra paciencia se acabó', dijo Rosselló González ante la Asamblea Legislativa a tan solo un mes de haber juramentado, declarando abiertamente la guerra a los narcotraficantes como mecanismo para bajar la incidencia criminal. Paso seguido ordenó la activación de la Guardia Nacional iniciando así la ocupación de los residenciales públicos, con el objetivo de establecer vigilancia policíaca 24 horas al día para erradicar los puntos de droga. En su administración, la Policía y la Guardia Nacional ocuparon cerca de 80 residenciales públicos.

En 2017, su hijo vuelve a hablar de 'paciencias' que se acaban ante una ola criminal que, sin respeto del paso de la historia o de las herencias políticas, sigue galopante.