El exgobernador Luis Fortuño no sólo ha encontrado puertas abiertas en el bufete Steptoe & Johnson, al que su administración otorgó $22.8 millones en contratos, tambien las ha encontrado en la empresa matriz de Metropistas, compañía que durante su gobernación se llevó el contrato de operación por 40 años de las autopistas PR-22 y PR-5.

Y todo lo ha hecho con bendición etica.

Tras su derrota en noviembre del 2012, Fortuño retomó su práctica privada como abogado. Desde enero de 2013 se unió al bufete Steptoe <><><><><><>& Johnson, LLP. con sede en Washington, D.C. Esta firma acumuló $22.8 millones en contratos bajo su administración y fue el bufete que diseño y fundamentó legalmente el impuesto a las corporaciones foráneas que Fortuño convirtió en la ley 154 y que sigue vigente./p

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Además, el exgobernador forma parte desde el pasado año de la junta de directores la compañía Abertis, subsidiaria de de Metropistas. Esta empresa durante su gobierno se llevó la concesión de las autopistas PR-22 y PR-5, mediante una alianza público privada./p

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Pese a las gestiones hechas por NotiCel para obtener declaraciones del exgobernador, al cierre de esta edición, su portavoz Michelle Cuevas, no respondió los mensajes y llamadas solicitando las mismas./p

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El pase libre para estas interacciones viene, según la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), porque durante la administración de Fortuño nunca hubo un contrato entre estas compañías y la Oficina del Gobernador; lo que según la Ley de Ética Gubernamental lo exime de toda responsabilidad ya que las contrataciones fueron a través de otras agencias.

'Si hubiese sido en la Oficina del Gobernador le aplicaría la ley de ética para impedir laborar para la empresa contratada por un término de un año luego de culminada su gestión pública, explicó a NotiCel la directora de la OEG, Zulma Rosario.

Pese a que el gobernador tiene potestad sobre todo lo que ocurre en el gobierno, cada uno de los funcionarios tiene una responsabilidad específica. La Ley de Ética se refiere 'a la agencia' como la entidad gubernamental donde ese servidor trabaja o trabajaba. Ni siquiera para el gobernador es todo el gobierno; sino la agencia para la cual el gobernador trabajaba que es la Oficina del Gobernador.

'No le podemos adscribir a ellos (exgobernadores) que son los jefes o autoridades nominadora de todas las agencias. Cada agencia tiene su autoridad nominadora que es responsable de los actos de esa agencia. La OEG no le puede impedir a ningún ser humano ganarse la vida honradamente siempre y cuando no entre en conflictos con lo que establece la ley; y no con lo que le parezca a cualquiera', sostuvo Rosario al cuestionarle si es prudente que la ley sólo aplique a su oficina cuando la figura del gobernador tiene injerencia en toda la política pública de su gobierno.

En noviembre 2012, Fortuño hizo una consulta a la OEG sobre varias alternativas de posibles trabajos una vez culminara su función como gobernador, entre ellas el bufete Steptoe <><><><>& Johnson. Rosario, detalló que su oficina hizo una investigación con la Oficina del Contralor./p

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'Vimos todos los contratos que se habían firmado. Cuando se consiguen los contratos, se encuentra que ese bufete había tenido contratos con el Banco Gubernamental de Fomento y con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Los contratos nunca fueron con la Oficina del Gobernador', señaló./p

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'Fueron varios contratos. Los contratos nunca fueron con la Oficina del Gobernador. La Oficina del Gobernador sí hizo contratos con otros bufetes; no con ese en particular', reiteró la directora.

La OEG contestó la consulta de Fortuño en diciembre de ese mismo año. Este comenzó a laborar como socio del bufete Steptoe en enero del 2013. El exgobernador Fortuño también consultó a OEG en noviembre de 2016, ante la oferta de ser miembro de la junta de directores de Abertis, empresa matriz junto a Goldman Sachs de Autopistas Metropolitanas de Puerto Rico (Metropistas).

Al igual que con la firma Steptoe <><><><><><><><><><><><><><><><>& Johnson, Fortuño puede ser parte de esta junta de directores sin entrar en conflictos con la ley de ética ya que la agencia que le otorgó el contrato a Metropistas para operar las autopistas PR22 y PR5 fue la Autoridad de las Alianzas Público Privadas y no la Oficina del Gobernador.br /

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'En ese proceso (de otorgación de contratos en las APP) no hay ninguna injerencia del gobernador. Aunque a algunos les pueda parecer absurdo el gobernador no lo sabe todo. Para eso delega en sus jefes de agencias', indicó Rosario./p

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La directora de OEG dijo que entiende las preocupaciones de ciertos sectores, pero la Ley de Ética es clara en las reglas de juego y establece en el Artículo 4.6 las restricciones para las actuaciones de los exservidores públicos:/p

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(a) Un ex servidor público no puede ofrecer información, intervenir, cooperar, asesorar en forma alguna o representar en cualquier capacidad, directa o indirectamente, a una persona privada, negocio o entidad pública, sobre aquellas acciones oficiales o asuntos en los que intervino mientras trabajó como servidor público./p

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(b) Un ex servidor público no puede, durante los dos (2) años siguientes a la fecha de terminación de su empleo gubernamental, ofrecer información, intervenir, cooperar, asesorar en forma alguna o representar, directa o indirectamente, a una persona privada, negocio o entidad pública, ante la agencia para la que laboró./p

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(c) Un ex servidor público no puede, durante el año siguiente a la fecha de terminación de su empleo gubernamental, ocupar un cargo, tener interés pecuniario o contratar, directa o indirectamente, con una agencia, persona privada o negocio, sobre el que haya ejercido una acción oficial durante el año anterior a la terminación de su empleo. Se excluye de la aplicabilidad de esta prohibición a los contratos intergubernamentales./p

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Esta prohibición no es de aplicación al ex servidor público al que le interesa regresar al sector no gubernamental especializado del cual provino, siempre y cuando sus acciones oficiales no hubieran favorecido preferentemente a la entidad en la que se propone ocupar un cargo, tener interés pecuniario o contratar. Para que opere esta excepción, la Dirección Ejecutiva evaluará la situación con anterioridad a la ocupación del cargo, a la tenencia de un interés pecuniario o al otorgamiento de un contrato./p

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Rosario confirmó que desde noviembre pasado se está trabajando una reforma de la Ley de Étical, para atemperar la misma. Sostuvo que se han realizado sobre 30 reuniones discutiendo diversos aspectos que deber ser enmendados. La reforma pasará por la aprobación de la Asamblea Legislativa./p

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'Estamos analizando párrafo por párrafo la Ley de Ética Gubernamental. No son enmiendas; es una reforma a la Ley porque es una ley que merece ser reformulada cada cierto tiempo', puntualizó.