El Municipio de Guaynabo recibirá la multa máxima que puede otorgar por ley la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), tras determinarse que existe crasa negligencia en el cumplimiento de la promoción de políticas contra la violencia domestica y el hostigamiento sexual en el lugar de empleo.

'La investigación que realizó la Oficina de la Procuradora de las Mujeres encontró que existe una negligencia significativa en el Municipio de Guaynabo en lo que respecta a la promoción de la política contra el hostigamiento sexual en el lugar de empleo. Prácticamente ninguna dependencia municipal cumple con la ley en este respecto, un elemento tan básico para cualquier patrono, público o privado, que pretende desalentar esta práctica', expresó la procuradora IleanaAymat Ríos hoy, jueves.

Los investigadores de la OPM visitaron más de una veintena de oficinas municipales, incluyendo los cuarteles de la Policía Municipal. Durante la investigación, el acceso a la información y a las dependencias que compone el municipio no fue coartado en su mayoría, pero sí controlado por el Director de Recursos Humanos. No obstante, el acceso de los investigadores sí fue restringido en las áreas específicas de la Oficina del Alcalde y la Oficina de la Primera Dama.

'Por alguna razón que nunca se nos especificó, el acceso a la Oficina del Primer Ejecutivo del municipio fue denegado al igual que el acceso a la Oficina de la Primera Dama. Esto se suma a las prácticas dilatorias y deliberadas exhibidas por el encargado municipal que se supone colaborara con nuestra investigación', denuncióAymat Ríos.

En tanto, la Procuradora aseguró que la imposición de la multa de $30,000 es solo un primer paso por parte de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.

'Esta investigación comenzó a raíz de las denuncias públicas contra el alcalde en alegados casos de hostigamiento sexual. La multa que OPM ha determinado, aunque es la máxima, no hace justicia a la magnitud del problema que encontramos en la dependencia municipal', dijo.

La ley solo faculta a imposición de una multa máxima de $10,000 por violación de ley.

'En los próximos días estaremos comunicándonos con la Legislatura para que evalúen la posibilidad de enmendar esa disposición de ley con respecto a las multas, de manera prospectiva. El nivel de desapego a una política pública clara contra el hostigamiento sexual en este caso trasciende hallazgos básicos, al punto de que se ha hecho necesario ampliar la investigación. En este momento nos encontramos en una segunda fase de la investigación y ciertamente considero que no hay relación razonable entre la naturaleza de los hallazgos, el monto de la multa y los recursos destacados para realizar la pesquisa', expresó Aymat Ríos.

La funcionaria aseguró que dada la naturaleza de la segunda investigación, se podrían estar refiriendo los hallazgos a entidades estatales y federales para posible acción.