El Municipio de Guaynabo incumplió con su deber de divulgar la política pública sobre hostigamiento sexual y el protocolo para manejar situaciones de violencia domestica en el lugar del trabajo, concluyó la investigación realizada por la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM).

Aún sabiendo que era investigado, durante estos dos meses, el Municipio de Guaynabo no tomó las medidas correctivas para promover políticas en contra del hostigamiento laboral, violencia doméstica en el empleo ni para cumplir con los protocolos que exige la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, por lo que fue multado por $30,000.

Noticel supo que tan solo dos pequeñas oficinas de las decenas de departamentos dispersados en tres diferentes edificios del Municipio de Guaynabo, exhiben públicamente la política pública que prohíbe el hostigamiento sexual en el empleo.

Para la portavoz de la Coordinadora Paz para la Mujer la inacción del Municipio para tomar medidas correctivas en estos pasados dos meses denota la poca o ninguna importancia que los oficiales a cargo del ayuntamiento otorgan a las políticas de equidad y de respeto a las víctimas y a las mujeres en general.

'Tuvieron dos meses para al menos corregir y promover que el hostigamiento no es tolerable en Guaynabo. No les importa. El mensaje que se le envía a las víctimas es terrible, que no hay apoyo para las víctimas. Lo que hace es despertar esa sensación de impunidad', criticó Vilma González.

De acuerdo a González, la falta de promover los rótulos que prohíben el hostigamiento sexual laboral en medio del escándalo del alcalde O'Neill se convierte en un mensaje de total menosprecio al este permanecer en su posición como alcalde.

'La simpleza de poner en áreas públicas la política en contra del hostigamiento en medio del escándalo que rodea O'Neill fue lo menos que pudieron hacer… y ni siquiera eso pudieron', cuestionó.

Desde principios de marzo el alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill se encuentra en la mirilla pública por acusaciones de acoso y agresión sexual. 'Prácticamente ninguna dependencia municipal cumple con la ley en este respecto, un elemento tan básico para cualquier patrono, público o privado, que pretende desalentar esta práctica', expresó la procuradora Ileana Aymat Ríos.

Los investigadores de la OPM visitaron más de una veintena de oficinas municipales, incluyendo los cuarteles de la Policía Municipal. Durante la investigación, el acceso a la información y a las dependencias que compone el municipio no fue coartado en su mayoría, pero sí controlado por el Director de Recursos Humanos. No obstante, el acceso de los investigadores sí fue restringido en las áreas específicas de la Oficina del Alcalde y la Oficina de la Primera Dama.

'El patrono tiene que ser cuidadoso con la empresa que representa. La ley lo dispone así. Visitamos todas las dependencias del Municipio. Ellos tienen tres edificios y nuestros investigadores fueron a cada una de las facilidades y de ahí surge que no cumple con los protocolos', explicó Aymat.

La resolución emitida tras casi dos meses de investigación concluye, además, que el Municipio de Guaynabo incumplió con su deber de divulgar el Plan de Acción Afirmativa del ayuntamiento para garantizar que no se discrimine contra ningún empleado o a aspirante a empleado por razones de género.

La Ley 17 que prohíbe el hostigamiento sexual en el trabajo dispone que 'el deber del patrono no a corregir situaciones pasadas, sino que incluye prevenir que no ocurran en el futuro', reza la resolución de 7 páginas a la que tuvo acceso Noticel.