Los exfuncionarios de la Administración de Luis Fortuño, quienes dirigieron la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Elaine Porrata Toro y Esteban Perez Ubieta, comparecieron hoy, viernes, al Tribunal de Primera Instancia de San Juan para una vista preliminar al enfrentar cargos por fraude.

Sin embargo, el proceso legal fue pospuesto luego que la defensa de Porrata alegara que no estaba lista para enfrentar el trámite judicial por una condición mental.

No obstante, el récord médico de Porrata indica que esta es paciente renal, sin establecer ninguna condición mental.

Tras estos hechos, tanto la Fiscal Especial Independiente (FEI),Iris Meléndez Vega, quien investigó el caso, como el fiscal designado Guillermo Garau Díaz, establecieron que entienden que Porrata está hábil para enfrentar el proceso judicial ya que su condición es una física y no una mental.

'El abogado planteó que ella tiene una serie condición física. Lo que añadió que ella puede tener una seria situación mental. Sin embargo fue referida a la regla 240 que es la que determina si una persona está procesable mentalmente o no para hacer el juicio', explicó la fiscal Meléndez.

Luego de estas alegaciones, ambos fiscales expusieron en sala que en el foro federal 'hubo un psiquiatra que la evaluó y no determinó que no estaba apta. Lo que determinó es que si era un juicio largo, largo, podría tener problemas por su condición física pero no por una condición mental'.

A pesar de los alegatos de los fiscales, el juez Rafael ToboasDávila, dio paso a la solicitud de defensa y asignó que un psiquiatra evalúe a Porrata.

Estos acontecimiento en sala establecen que la paralización del caso hasta dilucidarla condición mental de la mujer, particular que fue avalado por la defensa dePérez Ubieta y que pone en 'hold' el caso de ambos.

Aún así, la fiscalMeléndez, se mostró confiada en que su prueba prevalecerá, pues sostuvo que la prueba es abundante y que de igual modo hay muchos documentos que prueban la evidencia de fraude y que han sido presentados ante el tribunal.

Sin embargo, el licenciadoAntonioSagardía, defensa de Pérez, sostuvoque a su entender su cliente no cometió ningún delito y que está siendo acusado únicamente por haber sido el jefe de la agencia.

Pérez Ubieta, fue elexadministrador de ADSEF, y Porrata Toro, exadministradora de la División de Operaciones de la misma agencia, enfrentan 10 y 20 cargos graves, respectivamente.

En el caso de Pérez Ubieta, el detalle de los cargos es: uno por el artículo 210 b de fraude; dos por el artículo 257 por intervención indebida en las operaciones gubernamentales; cuatro por el artículo 223 por archivo de documentos falsos; dos por el artículo 219 de falsedad ideológica y uno por el artículo 218 de falsificación de documentos.

Mientras, PorrataToro enfrenta un cargo por el artículo 210 de fraude; dos por el artículo 257 de intervención indebida en operaciones gubernamentales; cuatro por el artículo 219 de falsedad ideológica; ocho por el artículo 223 de archivo de documentos falsos; cuatro por el artículo 261 de certificaciones falsas y un artículo por la Ley 37 del 8 de enero de 2004, por obstaculizar investigaciones de la Oficina del Contralor.

Para septiembre de 2016, Justicia sometió 48 denuncias contra ambos por presuntamente falsificar en 2010 documentos para que dos compañías obtuvieran contratos con el Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) que administra la ADSEF.

Los acusados recurrieron al Tribunal de Primera Instancia de San Juan para demandar a la agencia que intentó presentar cargos criminales en su contra sin dar espacio primero a los fiscales independientes a investigar sus acciones como exfuncionarios. El Apelativo terminó anulando los cargos, y reasignó la investigación a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), quien encontró sustancia para retomar este caso.

A nivel federal, Porrata Toro, ha sido previamente acusada por extorsión.