El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó hoy, viernes, las enmiendas al Código Penal, las cuales fueron muy criticadas por diversos sectores tras ser aprobadas en la Legislatura por entender que criminalizan la protesta.

Entre los cambios, se destaca que será delito menos grave el uso de un disfraz mientras se altera o interviene en las actividades ordinarias en una instalación pública educativa, en una instalación de salud, o en el interior de edificios de Gobierno.

Además, se establece que, si mientras se utiliza un disfraz se comete o intenta cometer un delito grave, el uso del disfraz se convertirá en delito grave con pena de tres años.

De otro lado, se restituye como delito grave con pena de tres años de cárcel la obstrucción o paralización de obras de construcción con los permisos necesarios; esto incluye impedir la entrada o el acceso u ocupar los terrenos. También, se restituye como delito menos grave la obstrucción de acceso o de labores en instituciones de enseñanza y de salud o edificios donde se ofrecen servicios al público.

Otro de los cambios que se convierten en ley es establecer como delito menos grave, con pena de un año, interrumpir o impedir una reunión oficial realizada, convocada o a cargo de una entidad u organismo gubernamental, ya sea del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial.

También se convierte en delito menos grave que una persona intencionalmente obstruya o impida permanente o temporeramente el acceso o uso o disfrute de cualquier actividad turística.

Se aumenta además la pena de seis meses a un año a toda persona que pegue, fije, imprima o pinte sobre propiedad pública, excepto en postes y columnas.

Igualmente, se convierte en delito menos grave con pena de un año que una persona incite o promueva el uso de fuerza, violencia o intimidación para que se cometa delito contra la persona o propiedad. La persona incurrirá en delito grave con pena de reclusión de tres años si como resultado directo de la incitación se comete un delito grave.

'Las enmiendas al Código Penal que firmo hoy darán más fuerza al Gobierno para combatir el crimen. Estas medidas son parte esencial del compromiso de nuestra Administración con la seguridad del Pueblo, según se contempla en el Plan para Puerto Rico', enfatizó el Primer Mandatario quien destacó que estas enmiendas ayudarán a la superintendente de la Policía y a la secretaria de Justicia en la lucha contra el crimen.

De otro lado, se aumentóaumento la pena de 8 a 15 años de cárcel por apropiación ilegal de fondos públicos que la pasada Administración había reducido en el 2014.

También se aumentó de 25 años a 35 años el término que tendrá que esperar una persona acusada de un delito que conlleve una pena de 99 años de reclusión, para ser elegible a la Junta de Libertad Bajo Palabra; y se aumenta de 5 a 10 años el periodo que podrá tomarse en consideración para alegar reincidencia por convicciones previas.

Por último, el delito de escalamiento que es cuando se entra a una propiedad para delinquir, se convierte de uno menos grave con pena de 6 meses a uno grave con pena de 3 años. Este delito en el 2014 se redujo a un menos grave.

Estas enmiendas fueron presentadas ante la Asamblea Legislativa el pasado mes de febrero junto a un paquete de medidas sobre seguridad pública que incluía la creación del Departamento de Seguridad Pública y enmiendas a las Reglas de Procedimiento Criminal que sigue trabajando el Senado.

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