El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Hector Ferrer Ríos, hizo un llamado a la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Velez para que 'arreste a quien tenga que arrestar. Que los arreste a todos y no dejen a ninguno fuera' en respuesta al caso de corrupción que involucra al pasado secretario de Recreación y Deportes, Ramón Orta Rodríguez, y otros siete colaboradores del partido.

'Aparte de la pena que le puede dar a una persona por el arresto de alguien que conoce, en mi caso al exsecretario Orta y al señor [Miguel] Sosa Suárez, y a los otros que posiblemente los vi y compartí con ellos, para este partido y para mí es un bochorno tener que pararnos frente al país y enfrentar esta situación. No es la primera vez que lo hago', exclamó Ferrer, quien aludió al caso del exrecaudador del PPD, Anaudi Hernández.

Esta mañana, Orta Rodríguez y otras seis personas fueron acusadas por las autoridades federales por participar en un esquema fraude que asciende a cerca de $10 millones en fondos federales a cambio de recibir dinero en efectivo y pagos para viajes durante la pasada administración.Entre los imputados también figura el contador público Miguel Sosa Suárez, quien fuera director de finanzas para la campaña del exaspirante a la gobernación, David Bernier.

Sosa Suárez, según detalló Ferrer, gozaba de un contrato con la colectividad cuyo total cobrado aún se desconoce. No obstante, de acuerdo a los recibos citados por el presidente del PPD, se desembolsaron alrededor $30 mil a nombre del recaudador, divididos entre cuatro cheques de $6,510, uno de $3,255 y otro de $514. Ese dinero provino del Fondo Electoral.

'No puedo negarle a ustedes que hay contratos firmados por este señor [Sosa Suárez]. Tengo la obligación ahora de recabar y buscar. Cuando tengamos esa información, la haremos pública', añadió Ferrer al citar una resolución de la Junta de Gobierno del PPD para delegarle a Sosa Suárez la movilización de electores para las primarias del 5 de junio y las pasadas elecciones.

Además, Sosa Suárez tenía un contrato como asesor del comisionado electoral Guillermo San Antonio Acha en la Comisión Estatal de Elecciones, a razón de $100 por hora y un máximo de 360 horas, o sea, $36,000. El acuerdo fue firmado el 14 de octubre de 2016 y fue enmendado el 20 de noviembre de 2016 para añadir 20 horas de trabajo ($2,000).

El fin del convenio data del 12 de diciembre de 2016.

Entre los demás imputados figuran: Edgardo Vázquez Morales, Oscar Rodríguez Torres, Irving Riquel Torres, Cecilia Amador López y Juan Carlos Ortiz Nieves. No obstante, Sosa Suárez era quien único ocupaba una posición dentro del PPD, pues a los demás se les ha señalado como donantes de campaña hasta el momento.

En esa línea, Ferrer aprovechó para aclarar que el PPD no es un partido corrupto sino que esas personas lo utilizaron como plataforma para beneficiarse personalmente. Igualmente, aludió al hecho de que algunos han donado también al Partido Nuevo Progresista (PNP).

Rodríguez Torres, por ejemplo, a principios de 2001 donó fondos a Luis Fortuño, Thomas Rivera Schatz, Jennifer González y Margarita Nolasco por $2,500, $1,000, $2,500 y $400, respectivamente.De acuerdo a la Oficina del Contralor Electoral, Rodríguez Torres también donó $500 al gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

'Mientras yo presida, aquí se va a limpiar la imagen de este partido. Los que piensen y quieran correr por el Partido Popular, que vengan limpios. Los que quieran ayudar al partido, que lo hagan con desprendimiento y lo hagan con la voluntad de servirle al país. Los que crean que van a usar al partido para su beneficio personal, bajo mi presidencia no', sentenció Ferrer.

Como presidente, Ferrer se comprometió a continuar la búsqueda de información referente a los imputados en el esquema de corrupción para hacerla pública. De la misma manera, recalcó que ordenó una auditoría interna del PPD el 27 de febrero cuando ocupó la silla presidencial. Una vez finalice el proceso de auditoría, abogará en la Junta de Gobierno del colectivo por difundirla a los medios de comunicación.

Mientras se llevaba a cabo la conferencia de prensa, OrtaRodríguez quedó en libertad bajo fianza.

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