Tras culminar su gestión como secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Ramón Orta Rodríguez no esperó para crear su propia compañía que lleva por nombre Social Development Programs LLC.

Según el registro de corporaciones del Departamento de Estado, Orta Rodríguez aparece como principal oficial de esa corporación de responsabilidad limitada, que al presente está activa.

La misma fue registrada el 11 de enero del 2017 con la numeración 389602, según ilustrado en el documento de certificación emitido por el secretario de estado, Luis Gerardo Rivera Marín.

Social Development Programs, sin embargo, no aparece dentro las compañías mencionadas dentro el pliego acusatorio federal en el caso contra él y otros seis individuos. Tampoco aparece dentro el registro de contratos de la Oficina del Contralor.

El certificado de formación indica que la empresa es de naturaleza con fines de lucro y establece seis servicios que propone ofrecer:

1. Asesoría en la creación de programas con enfoques sociales

2. Preparación de propuestas de servicios

3. Desarrollo de servicios a las comunidades

4. Administración de planes de trabajos

5. Creación de estructuras de servicios

6. Adiestramientos de personal para la presentación de servicios a la ciudadanía en general

El pasado miércoles Orta Rodríguez fue arrestado junto a otras seis personas por un esquema de fraude y apropiación de fondos públicos que originó en el DRD.

En resumidas cuentas, el esquema consistía en la elaboración de planes de trabajo con el Departamento de Educación (DE) y la Administración de Vivienda Pública (AVP) que hicieron uso de fondos federales administrados inapropiadamente por el DRD, que a su vez subcontrató otras empresas para realizar los servicios.

Aunque dentro los convenios establecidos con el DE y la AVP expresamente indicaban que el DRD no podía subcontratar, Orta Rodríguez delegó los servicios a la empresa Rosso Group, creada por otro de los acusados, Oscar Rodríguez Torres.

Dentro ese esquema, se sobre tasaban los servicios para posteriormente enviar facturas infladas y luego apropiarse del sobrante, que se repartía en cantidades iguales entre Orta Rodríguez, Miguel Sosa Suárez y Edgardo Vazquez Morales.

Según el pliego acusatorio, para lograr la conspiración se crearon planes de trabajo con estimados altos sometidos al DE y la AVP, mientras que los servicios que rindió Russo al DRD era para programas de beneficio social como Verano Saludable, Aprendo Saludable, Matemáticas en Contexto, y el programa Voces para la Juventud.