Bajo el argumento de que no habría fondos públicos disponibles para sufragar los gastos de la campaña para el plebiscito de estatus del 11 de junio, la ley que habilitó la consulta, Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico, abrió una ventana para que partidos políticos y comites de acción política puedan recaudar donativos sin límite.

Esto, contrario a lo que establece la Ley Para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas, que pone un límite de donacionesde $2,700 por individuo cada año.

Concluida la consulta, los primeros informes de ingresos y gastos sometidos ante la Oficina del Contralor Electoral (OCE) correspondientes a mayo señalan al Partido Nuevo Progresista (PNP) como el mayor beneficiario de esta única disposición, pues la colectividad recaudó $1,288,175 durante ese mes.

Para la pasada consulta de estatus, el PNP se certificó ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para promover el ideal de la estadidad. De hecho, la estadidad fue la única que generó una campaña publicitaria que acaparó varios medios en las semanas previas al evento electoral.

En gran medida, el impresionante recaudo a favor de la estadidad – pero dirigido principalmente al PNP - se efectuó por parte de una veintena de individuos que aprovecharon esta ventana para abrir sus chequeras y entregar donativos astronómicos en actividades políticas celebradas por la Palma. Empresarios, abogados, desarrolladores, médicos y contratistas forman parte de este grupo de individuos con bolsillos profundos que donaron por la estadidad.

Ernesto Smith Bringas - $50,000: Dedicado a la industria de los seguros en la Isla, su nombre forma parte de una demanda contra el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) retando la constitucionalidad de la ley de Moratoria de la pasada administración (Dionisio Trigo v Alejandro García Padilla). De hecho, Trigo aparece donando $5,000 por su cuenta.

Guillermo Martínez Camacho - $50,000: Presidente de GM Security Technologies, empresa que mantiene contratos con la Oficina de Administración de Tribunales para servicios de vigilancia, el nombre suyo y el de su esposa adorna la sala de conciertos del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Una investigación del diario 80grados reveló que el nombramiento del edificio se dio luego que Martínez Camacho se comprometiera con un donativo de $750,000 a la institución – pagados en 10 plazos por un término de 10 años – a cambio de identificar el teatro con su nombre a perpetuidad.

José Valdés Leal - $50,000: Fundador de Empresas VRM - dedicada a la industria del desarrollo y construcción – e incorporador de la organización Bonistas del Patio, que cobija acreedores locales. De hecho, su socio en VRM, Rafael Rojo, también ha servido de portavoz para esa organización sin fines de lucro. Bonistas del Patio lideró la negociación con el gobierno, recientemente avalada por la Junta de Control Fiscal, para reestructurar la deuda del Banco Gubernamental de Fomento.

Roberto Bengoa López - $50,000: Médico de profesión, fue parte de la Junta de Gobierno de la Corporación para al Fondo del Seguro del Estado durante la administración del gobernador Luis Fortuño. Figura como contribuyente a las campañas de Ricardo Rosselló Nevares y David Bernier durante la pasada elección.

René de la Cruz Vila - $50,000: Principal Oficial Ejecutivo de la empresa de publicidad De la Cruz y Asociados.

Fernando F. Scherrer - $35,000: Cofundador de BDO Puerto Rico, empresa que ofrece servicios de asesoría financiera.

Héctor del Río Jiménez - $30,000: Miembro del interés público en la Junta de Directores de la Autoridad de los Puertos.

Richard Machado González - $30,000: Director Ejecutivo del Hospital Hermanos Meléndez y médico. Según un artículo publicado por el diario The New York Times, Machado González empujó por mayores reembolsos del programa Medicare a hospitales locales durante la administración del presidente Bill Clinton. Luego que Clinton aumentara los pagos de Medicare a Puerto Rico, Machado González donó $100,000 a la Fundación Clinton.

Liliana Medina Otero - $30,000: Presidenta de Guaynabo Health Providers, entidad que provee servicios médicos.

Porfirio Brito López - $25,000: Ingeniero procedente de la República Dominicana. En ese país es militante activo del Partido de la Liberación Dominicana.

Manuel H. Dubón - $20,000: Desarrollador que intentó impulsar un proyecto de construcción de viviendas en Culebra llamado Villa Mi Terruño, que no procedió luego que una orden del tribunal de apelaciones revocara un permiso de la Junta de Planificación. Fue integrante de varias juntas de gobierno. Fue miembro de la junta de directores de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura durante la administración de Luis Fortuño.