El senador Eduardo Bhatia se unirá este semestre al Programa de Educación Continua de la Universidad del Sagrado Corazón para ofrecer el curso 'Analizando la Ley Promesa', que comenzará el 15 de agosto.

De acuerdo con el catálogo en línea del programa 'con este curso podrás identificar, entender y explicar los aspectos básicos de la deuda en Puerto Rico'.

'El mismo debe de ser tomado por aquellos participantes interesados en la materia cuyo conocimiento de la deuda de Puerto Rico es mínimo a moderado. El objetivo es familiarizar al participante con la forma en que los gobiernos toman prestado para financiar obras y para cuadrar sus presupuestos; la experiencia internacional en dicho proceso; la insolvencia y restructuración de deuda; las leyes básicas de Puerto Rico y de los Estados Unidos que regulan dichos préstamos; la experiencia reciente de Puerto Rico y el proceso federal actual bajo la Ley PROMESA', lee la descripción del curso.

La clase se reunirá los martes y jueves de 9:30 a 10:50 am para 45 horas contacto y tiene un costo total de $295.El curso debe finalizar el 21 de noviembre.

Bhatia es senador por el Partido Popular Democrático (PPD) y es líder de la minoría de ese partido en el Senado. El pasado cuatrienio fue presidente del Alto Cuerpo legislativo.

Este año ha tomado relevancia con la pugna judicial que mantiene con el gobernador Ricardo Rosselló Nevares por el acceso a la información pública. Bhatia ha solicitado en varias ocasiones el documento del presupuesto que la administración Rosselló entregó a la Junta de Control Fiscal, alegando que es un documento público y que no se trata de documentos o memorandos de trabajo confidenciales entre el Gobernador y sus asesores.

Este caso inició el 4 de mayo con la presentación de un recurso de mandamus ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, luego que el gobierno no diera paso a la solicitud del Senador para entregar ese primer presupuesto bajo el planteamiento de que era un documento de trabajo.

Posteriormente, el caso fue transferido al foro federal donde la jueza Taylor Swain devolvió la controversia al foro local por entender que era un asunto de derecho a la información que debería ser dilucidado en los tribunales estatales.

El pasado 30 de abril, la juezLauracelis Roques ordenó la entrega de ese documento en un plazo de 10 días. La entrega, sin embargo, no supone que ese documento será público de inmediato pues la juez primero debía evaluar si contiene información sensitiva que podría validar el argumento del gobierno a favor del privilegio ejecutivo.

Rosselló recurrió al Tribunal Apelativo, quien resolvió de inmediato que no intervendría en un caso del Tribunal de Primera Instancia salvo que hubiera perjuicio, parcialidad, craso abuso de discreción o error en la aplicación de una norma procesal o de derecho sustantivo, lo que no ocurría en este caso.

Entonces, el Gobernador recurrió al Tribunal Supremo, que en votación mayoritaria, determinó paralizar el caso hasta que ese foro decida otra cosa.