La defensa de la exsenadora del Partido Popular Democrático (PPD), Maritere González, radicó un recurso de certiorari en el Tribunal Supremo para solicitar que se desestimen los cargos radicados en su contra por perjurio, traspaso de documentos falsos y falsedad ideológica por falta de jurisdicción del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI).

En esta línea,Yuseph Lamboy, abogado de la exsenadora informó al juez Rafael Taboas Dávila del recurso radicado hoy, viernes, durante la vista de estado de los procedimientos del caso.

De acuerdo con la defensa, se violó el debido proceso de ley al no agotar los recursos administrativos antes de dar por culminada la investigación criminal. El letrado insistió en que la entidad jurídica que tiene que hacer el referido es la Oficina de Ética Gubernamental ( OEG) y que a todo funcionario público le asiste el derecho de que primero se auditen administrativamente sus informes financieros en esta entidad.

Lamboy insistió que el PFEIincumplió con la Ley de Ética Gubernamental que dispone que le corresponde a la OEG mediante procesos administrativos determinar si existen irregularidades en los informes financieros de la expolítica.

'Nosotros estamos exigiendo la aplicación de una disposición de la Ley de Ética que establece que el director de la Oficina de Ética el que tiene que hacer el referido inicial. En este caso no lo han hecho. Estamos pidiendo que esa disposición se aplique y si se aplica se deben desestimar todos los cargos', aseguró a su salida del Tribunal Lamboy.

El juez pautó para el 21 de septiembre una nueva vista de estatus de conferencia para esperar la determinación del más alto foro judicial. González, estuvo presente, pero se mantuvo callada en sala durante los procesos y guardó silencio a su salida del Tribunal.

La defensa acudió al Supremo tras el Tribunal Apelativo determinar no ha lugar al recurso a la solicitud de reconsideración sometida en julio.

'Nosotros confiamos en el Tribunal Supremo expida la controversia y exija la aplicación específica del artículo 5.6 de la Ley de Ética. La ley es clara y exigimos su cumplimiento. El PFEI no tiene autoridad', reiteró el abogado de defensa.

Por su parte, los fiscales especiales independientes Ramón Mendoza y Leticia Pabón reiteraron que que el PFEI tiene jurisdicción para radicar los cargos.

'Ellos tienen derecho a ir al Supremo para solicitar un certiorari, que es un mecanismo discrecional. El Tribunal de Primera Instancia tomó una determinación contraria a la defensa, lo hizo también el Tribunal de Apelaciones. Entendemos respetuosamente que no le asiste la razón al compañero', señaló Mendoza.

Consecuentemente, el FEI Mendoza rechazó catalogar los recursos radicados como una estrategia de la defensa para alargar el proceso en contra de la exsenadora. Sostuvo que las partes tienen 'derecho a ejercer las posiciones que entiendan procedan'.

El caso contra la exsenadora surge cuando el exrecaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández, como parte de su testimonio en el Tribunal Federal, confesó haber ayudado económicamente en la campaña de la senadora y a cambio esta luego cabildeó a favor de nombramientos solicitados por el convicto empresario.

Hernández y otros cuatro individuos fueron acusados por corrupción, a nivel federal, caso en el que también está involucrado el expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, quien tuvo que renunciar a su posición de liderato tras vincularse su nombre con el del convicto federal.

González ganó un escaño en el Senado en las elecciones de 2012 con 126,310 votos, la mayor cantidad para una senadora. Ya en funciones fue presidenta de la Comisión de Educación, Formación y Desarrollo del Individuo. Además, presidió la Comisión de Asuntos de la Mujer del Alto Cuerpo.

En noviembre de 2015, la exsenadora del distrito Mayagüez-Aguadilla había anunciado su aspiración a la reelección, pero meses después desistió de ello tras un pedido del entonces presidente del PPD, David Bernier, que buscaba evitar que el escándalo de corrupción de Hernández dañara la posibilidad de victoria de ese partido en las elecciones de 2016.