El gobernador Ricardo Rosselló perdió la paciencia con algunos bonistas a quienes acusó de no actuar de buena de fe durante las negociaciones voluntarias para reestructurar la deuda. Rosselló señaló que los bonistas cuestionan la validez del plan fiscal porque quieren más dinero a costa del pueblo.

'Por eso es que no llegamos a los acuerdos porque los acreedores querían destruir el plan fiscal y porque querían más dinero del pueblo de Puerto Rico. Recuerden su objetivo es sacar más dinero', explicó.

De igual forma, el Gobernador rechazó que la junta haya boicoteado las negociaciones para forzar la quiebra como denunciaron algunos acreedores. Rosselló aseguró que fue él, y no la Junta, el que tomó la decisión de levantar el Título III de quiebra que dispone PROMESA al percatarse que los bonistas no negociaban de buena fe al radicar una demanda en los tribunales mientras conversaban para llegar a acuerdos con los funcionarios de su gobierno.

'Eso es falso. Yo tome la decisión. Mientras nosotros estábamos tratando de buena fe para poder conseguir un acuerdo nos llega una demanda que lo que quiere hacer es coger todo el dinero de hacienda. Para mí, eso no es una señal de buena fe', sostuvo el gobernador.

Una de las razones para entrar a Título III es que los acreedores objetan el plan fiscal y han radicado demandas en contra de las negociaciones de buena fe. Rosselló cuestionó las razones de los bonistas para solicitar se descertifique el plan fiscal.

'La contestación es que quieren más dinero de ese plan que se está utilizando para pagar nuestro gobierno. No voy a coger la ruta para que el pueblo tenga que hacer más sacrificios de los que está haciendo. Vamos a defender al pueblo si ellos quieren retar que vayan a retar', puntualizó Rosselló.

Insistió que el gobierno ha querido dialogar y renegociar la deuda, pero teniendo como guía el plan fiscal que dispone $800 millones para el pago de todas las deudas. Si se destina una partida mayor, aseguró serán necesarios nuevos impuestos y mayores recortes que afectarán aún más al país.

'No lo estoy poniendo en una luz positiva o negativa. Estoy diciendo lo que es. Ellos quieren sacar más dinero', reiteró el gobernador.

El Primer Mandatario dijo que se enfocará en lograr acuerdos todavía de forma voluntaria con estos, de ser posible. Sin embargo, se determinó radicar la petición del Título III de PROMESA para proteger al gobierno de demandas frívolas que ya han radicado algunos bonistas.

Rosselló Nevares anticipó que debido al recorte significativo que propone el plan fiscal certificado al pago de la deuda provocará que el tribunal tenga que realizar la tan esperada auditoria de la deuda ya que los bonistas intentarán retar la validez de sus créditos para lograr una mayor cantidad del dinero disponible. Insistió los retos entre los créditos provocarán que el Tribunal revise el asunto de la legalidad de cada una de ellas.

'Aquí sí que el tribunal va a fallar si es constitucional o si este crédito va por encima de otro. Un crédito de mayor fortaleza podría lograr un recorte menor mientras que tengan mayor debilidad tengan un recorte mayor', indicó.