Esta mañana, el juez Enrique Silva Aviles dejó sin señalamientos los casos contra Ángel Muñoz Noya y Jose Carrión Ferrer, coacusados en la pesquisa contra el expresidente de la Cámara de Representantes Jaime Perelló Borrás, en espera de una determinación del Tribunal Apelativo.

El Apelativo paralizó los procedimientos el pasado 25 de agosto al declarar con lugar una moción de auxilio de jurisdicción presentada por el abogado de Muñoz Noya. Aunque la decisión en ese momento no incluía a Carrión Ferrer, el juez Silva Avilés suspendió ambas vistas hasta conocer el decreto del Apelativo.

Muñoz-Noya, quien formaba parte del comité de finanzas de la campaña electoral de Perelló Borrás, enfrenta cargos por violación a la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas.

Mientras, Carrión Ferrer fue asesor del expresidente cameral. Igualmente, se le imputa haber extorsionado al entonces director de informática de la Cámara de Representantes, Víctor Burgos, para que aprobara el contrato de 3CommGlobal para instalar el cuadro telefónico sin que cumpliera con los requisitos necesarios. La compañía pertenecía a Anaudi Hernández Pérez y su socio, Héctor Vargas Soto.

En su momento, la defensa de los coacusados anticipó que acudiría al Apelativo para reconsiderar la determinación de causa luego que el magistrado declarara 'no ha lugar' una moción de desestimación de los cargos por alegada falta de jurisdicción del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI).

Ramón Mendoza Rosario y Leticia Pabón Ortiz son los fiscales que lideran el caso.