El 17 de este enero ​marcó el día en que el entonces presidente Barack Obama conmutó la sentencia del prisionero político, Oscar López Rivera. Esta conmutación fue bien recibida de parte de los que han visto su encarcelación -- lograda con tan poca evidencia -- como un impermisible acto político. A contra mano, hay otros que sí reconocen la vinculación de López Rivera con los ataques de las FALN en los años 70 y denuncian la acción de Obama.

Sin meterme al debate sobre López Rivera y ese issue político, quisiera llamar su atención al tratamiento desigual del gran número de presos puertorriqueños bajo la iniciativa de clemencia ya que han salido a luz la estadísticas de la iniciativa.

Mientras que la prensa se ha obsesionado cn López Rivera, se prestó poca atención a los presos boricuas con convicciones de drogas cuyas convicciones se supone fueran objeto de la iniciativa de clemencia. La iniciativa de clemencia de Obama, anunciado en 2014, priorizó la revisión de las condenas federales por delitos relacionados con las drogas.

Cuando Obama salió de la Casa Blanca había facilitado miles de conmutaciones e indultos. Yo ví al proceso directamente cuando Obama otorgó una petición que yo radiqué pro bono como estudiante de Derecho de parte de un preso sentenciado en el Distrito de Nuevo México.

Se hubiera esperado que el Distrito de Puerto Rico recibiría una gran cantidad de conmutaciones. Aunque Puerto Rico representa 1% de la total población del imperio estadounidense, los fondos federales para trabajo conjunto entre autoridades locales y federales han conllevado que la Isla represente el 2% de las convicciones por el tráfico de drogas. La iniciativa de clemencia procuró limitar el efecto de las sentencias mínimas obligatorias que, en vez de castigar a los líderes del narcotraficante, han afectado más a drogadictos y los que hacen la venta al detal de drogas, los 'peces pequeños'. Pero si la iniciativa de clemencia fuera a rendir frutos proporcionales para Puerto Rico, las 1,715 conmutaciones de Obama hubieran incluido a cerca de 34 puertorriqueños. Sin embargo, aparte de López Rivera, sólo van a salir libre cinco presos de la Isla. Es decir 0.29% del total, lejos del 2% proporcional que señalamos. Sin importar el color de su partido, esta desigualdad en el tratamiento es desalentadora.

El defecto fatal de la iniciativa fue posiblemente que sobreenfatizó la perspectiva de los mismos fiscales que enjuiciaron el caso en determinar si alguien mereció una conmutación. La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez-Vélez prioriza drogas aún más alto que Washington y se opuso a los memorandos de Obama limitando el uso de sentencias mínimas obligatorias. Por eso no sorprende que los fiscales federales de la Isla rechacen las peticiones bajo la iniciativa.

Tristemente, en la era del Presidente Donald Trump, a lo mejor no veremos otra iniciativa como la de Obama, pero para el futuro y para entender el pasado reciente, hay que reconocer que la política de línea dura de la fiscalía no solo sobrepenaliza al pueblo puertorriqueño, sino que también impide correcciones en la rara vez que Washington admite que ha ido demasiado lejos.

*El autor es Defensor Público del California Appellate Project en Los Angeles y exinterno en el Federal Public Defender of Puerto Rico en 2015.