Aunque fueron muchos los mencionados en el escándalo de WhatsApp, la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) anunció que solamente radicará cargos criminales contra el exjuez Rafael Ramos Sáenz por su participación en el chat político durante las pasadas elecciones.

La directora de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), Nydia Cotto Vives, confirmó a NotiCel que se radicarán 15 cargos contra el exjuez pero que los fiscales no encontraron prueba para radicar cargos contra ninguna de las otras personas mencionadas en el referido hecho por el Departamento de Justicia (DJ).

'Se van a presentar cargos el jueves, 1ro de noviembre en el Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla. Son sobre 15 cargos. Todos los cargos son contra el exjuez. Los demás funcionarios fueron mencionados, pero no se recomendó ni se solicitó PFEI para ellos', informó Vives.

La controversia pública por el intercambio de mensajes y consulta de asuntos electorales con el entonces juez y allegados al Partido Nuevo Progresista (PNP) culminó con la renuncia del pasado presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Rafael Ramos Sáenz, el entonces secretario de la Gobernación William Villafañe y la secretaria asociada, Itza García.

No obstante, los fiscales a cargo del caso evaluaron toda la prueba recopilada y determinaron que de las otras personas mencionadas, no había prueba alguna para sostener cargos criminales.

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'Fueron evaluadas las declaraciones juradas que estos (los involucrados) prestaron para determinar si había inconsistencias o contradicciones. Los fiscales determinaron que no existe prueba alguna para imponerle responsabilidad criminal', sostuvo Cotto Vives a este medio.

En el grupo de conversación en el que participó Itza García, entonces subsecretaria de la Gobernación, hacen alusión al gobernador Ricardo Rosselló Nevares como 'el jefe' y Ramos Sáenz comparte resoluciones emitidas a favor del PNP además de opinar sobre estrategias del llamado Plan para Puerto Rico. Incluso el ex-magistrado copia la resolución al grupo de novoprogresistas en la que decide a favor de esa colectividad un caso sobre voto de encamados de un colegio electoral en Moca. Dicha conversación por la red social provocó no su salida de la presidencia de la Comisión.

Cuando el 2 de mayo la secretaria del DJ, Wanda Vázquez, hizo público el referido del exjuez Ramos Sáenz al PFEI, a preguntas de los periodistas dijo que se referían todos los involucrados en el caso y que se incluía evidencia que sugería causa suficiente sobre la posible comisión de delitos bajo el Código Penal y Electoral. Entre los mencionados por Vázquez Garced bajo posible comisión de delito figuraba la exsecretaria asociada de la Gobernación, Itza García; la administradora de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), Waleska Maldonado; y el subadministrador de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Yoniel Arroyo. Asimismo, la directora del 'Programa de Transformación y Eficiencia' de la Oficina del secretario de la Gobernación, Yesenia Díaz, figura entre las referidas.

Se dijo además que el referido incluía actuaciones de la entonces secretaria asociada de la gobernación, Itza García por alegadamente intimidar a Vázquez Garced durante el proceso investigativo.

A su vez, 'se refiere que contra García Rodríguez, quien era la Asesora y Principal Oficial en Planificación Estrategica del Gobierno de Puerto Rico en 2017, existe causa suficiente para entender que pudo haber incurrido en la violación del Artículo 292 (Influencia indebida) y el Artículo 269 sobre Perjurio del Código Penal de Puerto Rico', lee el documento.

No obstante, hoy se indicó que no se hay pruebas contra García ni contra los demás mencionados. Sin embargo, una segunda fase de la investigación deberá culminar a mediados de noviembre sobre hechos colaterales relacionadas con asuntos que surgieron como producto de la pesquisa desarrollada.

Este segundo informe podría incluir posibles violaciones al Código Anticorrupción, Código Penal, violaciones eticas y administrativas de funcionarios públicos que no están directamente relacionadas al chat.

'Los fiscales Ramón Mendoza Rosario e Iris Melendez Vega, durante el curso de la investigación de este asunto, han surgido nuevos elementos que apuntan a que otros funcionados públicos pudieron haber incurrido en actos indebidos o constitutivos de delito', había explicado la funcionaria en la resolución emitida en agosto para ampliar la investigación.

Cotto Vives no anticipó los delitos que se le imputará a Ramos Sáenz hasta que los fiscales sometan las denuncias. La funcionaria reiteró que los miembros del PFEI están conformes con el trabajo realizado por los fiscales en la extensa pesquisa sobre el escándalo del chat político.