El informe parcial de la comisión senatorial que refiere a la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) Norma Burgos Andújar por presuntas violaciones de ley se basa principalmente en el testimonio de María D. Santiago Rodríguez, precisamente la vicepresidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que Burgos sacó de la estructura una vez llegó como comisionada.

El informe, emitido con la firma del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, con el 'consenso' de los miembros de la comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas, vuelve a poner en foco que la pugna de poderes políticos que ha arrastrado a las principales instituciones investigadoras tiene su genesis en la figura de Santiago Rodríguez, mejor conocida como Lolin, y la decisión de Burgos Andújar de despedirla de la vicepresidencia de la CEE a principios de año.

Durante el proceso de investigación, la comisionada electoral no fue citada, tampoco fue a declarar Santiago Rodríguez, aunque trabaja en El Capitolio. En vez, se tomaron como base dos declaraciones juradas, un mecanismo que, por supuesto, no permite que los declarantes sean sometidos a un interrogatorio de la comisión en pleno porque no comparecen en persona. Durante el proceso se realizaron tres vistas ejecutivas y dos reuniones ejecutivas según se desprende del documento, por lo que tampoco hubo vistas públicas antes de que el informe parcial fuera emitido.

La investigación del grupo político del WhatsApp, la prominencia de pesquisas del Departamento de Justicia a contratos en El Capitolio y la más reciente investigación de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) por posibles violaciones eticas de la secretaria Wanda Vázquez fluyen de la furia que desató en Rivera Schatz la movida de Burgos Andújar de sacar a 'Lolin' del juego, luego de meses de ambas intentar dirigir la CEE.

Lolín, aliada de Rivera Schatz desde sus tiempos como comisionado electoral del PNP era la candidata del presidente senatorial en la carrera que ganó el ahora exjuez Rafael Ramos Sáenz, recien imputado de cargos criminales a traves de la OPFEI. La relación de Rivera Schatz con Lolín llega al punto que, cuando esta quedó fuera de la CEE, el legislador la recogió en el Senado nombrándola jefa de Recursos Humanos con un salario que, hasta ahora, el cuerpo legislativo se ha negado a divulgar. Completa el círculo íntimo de administración del Senado de Rivera Schatz su 'chief of staff', Gabriel Hernández, quien ha sido tesorero de la campaña del legislador y quien ya compareció como testigo en la pesquisa de Justicia sobre las contrataciones fantasma en la Legislatura.

El informe senatorial es denominado 'parcial', lo que anticipa que puede que no sea la última munición del Senado en esta trama. De hecho, el Senado ya aprobó iniciar otra investigación sobre el Departamento de Justicia. La ley que rige a los fiscales especiales independientes le permite a los cuerpos legislativos hacer referidos directos a esa oficina investigativa sin tener que pasar por el cedazo del Departamento de Justicia por lo que el próximo paso del referido sería que la OPFEI decida si lo remite a fiscales independientes para investigación criminal. El propio informe anticipa que la OPFEI tendría que hacer una interpretación del alcance de su jurisdicción para que su poder investigativo aplique al cargo de comisionado electoral.

En resumen, el informe senatorial refiere las actuaciones de Burgos Andújar a la OPFEI y a Ética, mientras que refiere los asuntos de su hijo a Justicia y a Ética.

El informe parcial imputa irregularidades que tocan o relacionan a la comisionada electoral del PNP principalmente en dos asuntos: El manejo irregular del registro de asistencia de su hijo que funge como director de la Oficina de Sistema de Información y Procesamiento Electrónico de la CEE; así como el supuesto intento de la comisionada electoral de obligar a la entonces presidenta interina de la CEE, Santiago Rodríguez, a certificar los resultados del escrutinio del plebiscito de 2017 pese a que había una orden judicial para paralizar los procedimientos.

Según los hechos que se relatan en dos declaraciones juradas de Santiago Rodríguez y su abogado, el Lcdo. Carlos Felipe Vera Muñoz, Burgos Andújar pretendía que Santiago Rodríguez certificara los resultados del plebiscito alterando la hora para burlar la orden de la jueza Lauracelis Roque Arroyo que paralizaba el escrutinio so pena de desacato a lo que Santiago Rodríguez se negó.

'La comisionada del PNP le increpó fuertemente indicándole a la señora Santiago Rodríguez que 'por ahí hay unos ponchadores', sugiriendole que alterara la hora del ponchador para que la misma reflejara que se había firmado la certificación final previo a que se expidiera la orden por el Tribunal', lee el informe emitido en consenso por una comisión que incluye entre sus miembros a senadores de mayoría, de minoría y el independiente Jose Vargas Vidot.

Según la declaración jurada del abogado de Lolín, Vera Muñoz, hubo una llamada en conferencia con la comisionada electoral en la que aún sabiendo que se había emitido la orden judicial, esta insistió en la 'necesidad de firmar la certificación final de resultados del escrutinio porque el gobernador la estaba esperando'.

La orden judicial paralizando los procesos se emitió a las 6:00 pm, pero de acuerdo con el comisionado electoral alterno del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adrián González, la presidenta interina certificó los resultados ya que recibió una notificación pasadas las 7:30 pm. Aunque en una vista posterior, se solicitó que a Santiago Rodríguez se le encontrara incurso en desacato, el tribunal declaró no ha lugar.

El informe parcial de la comisión senatorial tambien refiere las irregularidades en el registro de asistencia del hijo de Norma Burgos. Sin embargo, el Departamento de Justicia investiga desde marzo la imputación e incluso ha realizado varios requerimientos de información y documentos a la CEE. El 19 de junio, agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) allanaron el edificio central de la CEE en Hato Rey en un operativo relacionado a este caso.

El documento hace referencia a que los hallazgos de la investigación interna de la CEE concluyen que Benítez Burgos incurrió en un patrón de no registrar su asistencia electrónicamente, que trabajó doce días de forma remota sin estar autorizado durante el pasado receso navideño. A partir de julio la CEE le retiene $429.72 mensuales por concepto de pago indebido de sueldo. A agosto este adeudada a la CEE por $6,634.

Según el informe, fue el pago de horas no registradas ni autorizadas del hijo de la comisionada electoral del PNP lo que provocó que esta la despidiera. El 16 de enero justo cuando Lolín buscaba verificar con personal de recursos humanos si procedían los pagos, se le entregó la carta de renuncia, que firmó por ser una posición de confianza.

Puede leer el documento aquí: