El senador del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal Jose Torres, compareció a declarar en la investigación que realiza la Administración de Tribunales sobre la participación del juez Rafael Ramos Sáenz en conversaciones con allegados a la campaña del gobernador Ricardo Rosselló en la red social WhatsApp.

Sobre lo ocurrido, se informó por medio de Daniel Rodríguez, portavoz de la Administración de Tribunales, que el suspendido juez deberá acudir a ofrecer su versión de los hechos.

La Administración de Tribunales se encuentra investigando al juez Rafael Ramos en una primera etapa para determinar si este violó los cánones eticos de la judicatura, explicó Rodríguez.

'Estas entrevistas de hoy son parte de un proceso más amplio. Cuando la División de Asuntos Legales concluya esta primera fase, se hará una recomendación al director de Tribunales i se identifican violaciones a los cánones de etica. En caso de ser en la afirmativa se refiere a la Comisión de Ética Judicial que hace toda la investigación y rendirá un informe al Tribunal Supremo que, en última instancia, tiene jurisdicción para tomar una determinación', continuó diciendo.

Mientras, a su salida de la citación, Torres no descartó que hayan otros jueces que tambien participen en grupos políticos, como se le imputa a Ramos, violentando los cánones de etica de la judicatura.

'Seguro, claro que sí. Cuando investiguen se darán cuenta', dijo el senador a la pregunta de si entiende que es una posibilidad real que hayan otros jueces con una conducta similar a la que se le imputa al juez Ramos. El legislador no quiso contestar si tiene evidencia de conversaciones políticas de otros miembros de la judicatura.

Durante una hora y media el legislador colaboró con la información y documentos en su poder sobre el intercambio de mensajes del juez, y contrario al Departamento de Justicia, los representantes de la División Legal de Tribunales no le requirieron que divulgara quien le dio la información.

'Me sentí muy cómodo. Le ofrecí básicamente la misma información que a Justicia. Se nos pide confidencialidad en lo que se discutió. El ámbito de la investigación es distinto es sobre la conducta del juez, pero no me pidieron las fuentes ni tuve que invocar el privilegio de inmunidad legislativa', dijo Torres al salir de la citación.

Además de Justicia, el Senado y Tribunales, el juez Ramos es investigado además por la Oficina de Ética Gubernamental, confirmó su directora Zulma Rosario.

'Las mismas que debe tener el país. Que se lleve esto hasta las últimas consecuencias por el buen nombre de la judicatura y por el buen nombre del proceso electoral y de la Comisión Estatal de Elecciones', subrayó por su parte el legislador.

Cuando se le preguntó si el Departamento de Justicia arrastra los pies con su pesquisa, Torres se limitó a decir que es de conocimiento público que la primera comparecencia fue la suya. Aunque no le va a dictar las pautas de lo que debe hacer el equipo de fiscales asignados al caso, el senador sostuvo que se debe atender con prontitud.

'Yo le voy a dar el beneficio al Departamento de Justicia. Me parece que el país está bien pendiente a cómo se desarrolla esa investigación. Lo importante aquí es el resultado y que se atienda con la prontitud que requiere. Yo no voy a atacar ni al departamento ni a las fiscales q realizan su función. Vamos a darle el espacio y el tiempo', insistió Torres.

De igual forma, defendió la prerrogativa legislativa de investigar el asunto, por lo que lo que se asegurará que el Senado ejerza sus funciones en la investigación para que los funcionarios citados comparezcan. Esta semana el secretario y la subsecretaria de la gobernación, William Villafañe e Itza García informaron que no asistirán al proceso.

'Si uno es mencionado en un 'issue' como este y uno es servidor público en la categoría que están los servidores públicos mencionado ahí no deberían ser obligados. Debería ser motu proprio esa comparecencia para despejar cualquier tipo de duda', expresó.

A la AT tambien compareció el representante PPD Carlos Bianchi quien refirió al juez Ramos por el alegado uso ilegal de su vehículo oficial mientras fue presidente de la Comisión Estatal de Elecciones.