Sin emitir comentarios salió el alcalde de Guaynabo, Hector O'Neill García, la mañana de hoy, lunes, del Departamento de Justicia.

Su abogado, JoaquínMonserrate, solo indicó que le recomendó ampararse en la quinta enmienda para no declarar a fiscalía por la investigación que se lleva a cabo luego de que el funcionario transara una demanda por hostigamiento sexual presentada en su contra por una agente de la Policía municipal de Guaynabo.

De igual modo, el abogado aseguró que O'Neill no presentará su renuncia a la alcaldía, reclamo que crece cada vez desde que la petición del presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) y gobernador Ricardo RossellóNevares, cayera en oídos sordoscuando se supo de la transacción que cerró la querella ante laUnidad de Discrimen Laboral del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) de Puerto Rico.

Mientras,el Departamento emitió un comunicado para reafirmar que no hará expresiones 'relacionadas a investigaciones en curso'.

La semana pasada, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, dijo que está muy adelantada la investigación que realiza la agencia sobre las imputaciones de acoso sexual contra el alcalde y anticipó que el informe de la misma será referido al Panel del Fiscal Especial Independiente.

Por su parte, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares reaccionó satisfecho con las gestiones de Justicia.

'Nosotros le hicimos un pedido al Departamento de Justicia, que atendiera este asunto y que investigaran. Ciertamente lo que yo sé es lo que ustedes saben, que se citó al alcalde, el alcalde acudió y esto es parte de un proceso serio que se está llevando a cabo. Se hizo referido a nuestra petición y se está llevando con seriedad este asunto', dijo.

Ante la renuencia de O'Neill de renunciar, Rosselló sostuvo que 'si el gobernador de Puerto Rico le dice a través de los medios de comunicación que le pide la renuncia eso debe ser suficiente'.

Sobre si tomará alguna acción para que el Alcalde renuncie, el Primer Ejecutivo aseguró que no dudará en solicitar una y otra vez la renuncia inmediata de la Legislatura.

Justicia tiene un término de 90 días para la investigación preliminar, según dispone la Ley 2 del 23 de febrero de 1988, según enmendada, para determinar el referido de los casos a la OPFEI,quienes determinarán si presentan acusaciones en su día.

La Oficina de la Procuradora de la Mujer también investiga los protocolos de hostigamiento del ayuntamiento, pero no ha ofrecido más detalles del progreso de la pesquisa.

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