A principios de septiembre el Partido Popular Democrático sometió una querella a la Oficina de Ética Gubernamental y solicitó la destitución de los cabilderos por la estadidad.

Al Partido Popular Democrático (PPD) no le agrada que continúe en el tintero la destitución de los delegados de la estadidad, luego de solicitarle al Secretario de Justicia, el licenciado Domingo Emanuelli que tomara cartas en el asunto hace más de un mes, tal y como lo hizo con la excabildera, Elizabeth Torres.

La delegación popular realizó una conferencia de prensa a principios de septiembre y todavía no hay actualización de parte de Justicia ni de la Oficina de Ética Gubernamental sobre la querella de la colectividad, señalando violaciones de sus funciones como delegados de la estadidad.

“Nosotros no hemos recibido respuesta de ninguna de las dos agencias que se enviaron. Yo discutí hace unos días este tema con el presidente del Partido, Jesús Manuel Ortiz y nosotros nos vamos a ir a un segundo nivel. Le vamos a escribir de nuevo a las dos agencias porque esto es claro, bien claro. La Ley específicamente dice que ellos (delegados de la estadidad) tienen que hacer valer los resultados del último plebiscito del 2020 y hoy no hay un proyecto en el Congreso de Estados Unidos para validar esos resultados. Lo que hay es un proyecto para otro plebiscito y si ellos están haciendo uso de fondos públicos para otro (plebiscito) ese es la mejor definición de un cabildero”, expresó el secretario general del PPD, Gerardo “Toñito” Cruz.

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Miembros del PPD reclamaron en la pasada conferencia de prensa, que los delegados violan la Ley 167-2020, conocida como Ley para crear la Delegación Congresional de Puerto Rico.

“No vamos a descartar cualquier acción, inclusive en los tribunales porque aquí hay un uso indebido de los fondos públicos. El Gobernador tiene todo el perfecto derecho y el penepé de abandonar los resultados plebiscitarios, no tengo problema con eso. Lo que no pueden es dar instrucciones a estas personas que fueron electos bajo un estatuto en particular. La Ley 167 les dio un mandato específico, ellos no son empleados del Gobernador, ¡ninguno de ellos!”, destacó.

"No tan solo están devengando un salario sino que hay gastos extraordinarios para que les reembolsen y si a eso le queremos sumar los resultados de la encuesta (de NotiCel), los asuntos de estatus no son de la consideración de nadie en este país y a mi me sorprende que el Gobernador insiste, inclusive en sustituir las vacantes”, continuó Cruz.

La encuesta de NotiCel reflejó esta semana que simpatizantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), entre sus prioridades quedó en décimo lugar el avance hacia la estadidad. Tomaron por prioridad la gestión económica, formar un equipo competente para el Gobierno, proteger el medio ambiente, reducir impuestos, entre otros.

El 68% dijo que lo considera importante, el 1% importante, un 11% no sabe y el 23% nada importante.

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“Incluso adelanto que esto ni está en el tema de la Comisión Estatal de Elecciones porque según la Ley, la Comisión tiene que organizar otro evento de plebiscito para sustituir el del 2020 y eso no está ni en conversaciones. Yo creo que todos los comisionados se opondrían. Aun así, aunque todos estén en contra, ellos siguen devengando un salario de miles de dólares sin ejercer sus funciones”, sostuvo.

Los reembolsos pagados y salarios el año pasado ascendían a $1,008,560.86.

A raíz de las denuncias, se radicó el Proyecto de la Cámara 139 para eliminar a los cabilderos de la estadidad de manera inmediata.

Esta medida pasó por el aval de Cámara. Sin embargo, el Senado aún no lo considera a pocas semanas de culminar las sesiones en la Asamblea Legislativa.

“No se porque no lo han visto. Eso lo tiene que contestar el portavoz del Senado, Javier Aponte Dalmau y el presidente, José Luis Dalmau. Si se deroga la Ley, ¡que bueno!, pero lo que tiene que ocurrir de inmediato y basta con una orden del Gobernador, es que cesen de facturar por un servicio que no están prestando. El Gobernador no necesita ver acción legislativa para el dar una instrucción ejecutiva al cese de tramitar facturas. Eso es cualquier agencia de Gobierno es un apto de corrupción”, destacó Cruz.

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Los delegados reciben $90,000 en salario y hasta $30,000 en gastos reembolsables.

“Yo preparé un borrador y voy a discutir la comunicación que se le va a volver a enviar ambas agencias porque queremos ver los resultados. Si en un periodo de tiempo no reaccionan, ¡vamos para el tribunal! Nadie en el Gobierno está preocupado a que esta gente está gastando $1 millón, pero al Partido Popular le preocupa! , concluyó.