El choque por las desigualdades sociales que se viven el país ha llegado a su clímax, ahora con la propuesta del Ejecutivo para Reformar el Sistema de Retiro.

Un tijeretazo a las pensiones 'Cadillac', que incluyen las de jueces y alcaldes, es el reclamo de los empleados públicos y de los pensionados de Puerto Rico, que verán sus beneficios ajustados si la Legislatura aprueba la medida, poniendoles una carga onerosa sobre sus hombros, considerando el alto costo de vida. El consenso es que el sacrificio por la debacle de los planes de retiro debe ser algo compartido con otros sectores.

Eco de este sentimiento son las siguientes expresiones de Víctor Villalba, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), quien recientemente cuestionó el sistema de pensiones de los jueces.

'Qué va a pasar con las pensiones de los jueces, en donde inclusive se heredan? Si el juez muere, la esposa hereda esa pensión. Cómo es posible? En el sistema de retiro de los trabajadores eso no se ve. Y la situación de los legisladores y los alcaldes, que verdaderamente es una poca vergüenza lo que esta sucediendo, donde un alcalde (el de Guayanilla, Edgardo Arlequín Vélez) dice que se tiene que aumentar el salario para cotizar más dinero a través del Sistema Retiro', planteó.

Este dejó claro que 'nosotros no podemos decirle a los trabajadores que se puede aceptar esto y esto, cuando no vemos del otro lado de la cancha una acción afirmativa con relación a estos puntos (en relación a otros pensionados)'.

La única jubilación asegurada por la Constitución es la de los jueces

Por su parte, la presidenta de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, la jueza Elizabeth Linares, aquilató la controversia por las pensiones de los jueces, y aseguró que su derecho a un plan de jubilación es el único protegido por la Constitución de Puerto Rico, y que una posible intromisión del Ejecutivo o la Legislatura sería un atentado contra la independencia judicial que debe permear en dicha Rama, al no haber una estabilidad para los que ostentan el cargo.

La sección 10 de la Constitución dice que 'la Asamblea Legislativa establecerá un sistema de retiro para los jueces, retiro que será obligatorio cuando hubieren cumplido setenta años de edad'.

La jueza Linares coincidió que es injusto que la propuesta del Ejecutivo ponga la carga sobre los empleados públicos regulares, quienes en algunos casos devengan pensiones de $400 mensuales, y quienes no tuvieron poder para decidir sobre las transacciones hechas en el Sistema de Retiro, que resultaron en un menoscabo de sus fondos.

No obstante, observó que 'hay una concepción equivocada que los jueces aportan menos que el resto de los funcionarios. Eso no es correcto, porque yo podré aportar un 8% y ellos un 8.275%, pero la base que yo aporto es superior, por lo tanto yo aporto más que la media de los empleados regulares'.

A su entender, por más que los miembros del Sistema de Retiro de la Judicatura hagan mayores aportaciones a las arcas, esto no sería suficiente para solucionar el menoscabo fiscal en las pensiones.

De otro lado, expuso que los jueces, al igual que los maestros, no cotizan para el Seguro Social, por lo que cuando se retiran únicamente cuentan con su pensión.

La jueza Linares fue enfática que las pensiones de los jueces es fija. En el caso de los jueces del Tribunal Supremo, solo su Presidente se va con el 100% de su salario por sus años de servicios. Los otros jueces del Tribunal Supremo, del Tribunal Apelativo, del Tribunal Superior y del Tribunal Municipal, se retiran con un 75% de su salario.

En todos los casos los jueces que luego de un término de 8 años, si tiene la edad para retirarse y cuenta con más años de servicio público, pueden retirarse con un 75% de su salario más alto devengado como juez.

Hace 10 años que no se les aumenta los salarios a los jueces, pero su carga de trabajo ha ido en incremento, aseguró la jueza Linares sin ofrecer evidencia de ese 'incremento' en la carga de trabajo.

'Son buenos salarios, yo no le voy a decir que no son buenos salarios (los de los jueces). Pero la realidad es que, con lo cara que está la vida, le impacta a los jueces también. De hecho, yo le voy a decir, a lo mejor los hijos de los empleados del Gobierno cualifican para becas, pero los hijos de los jueces no cualifican para becas, por los salarios. Los jueces tienen que pagar ese dinero en efectivo o tienen que hacer préstamo. Nos afecta el aumento de la luz, el agua, el teléfono, el cable, la comida', aseveró la jueza Linares.

Esta se mostró preocupada por la animosidad que se ha levantado hacia los miembros de la Rama Judicial sin considerar todos estos factores.

'Yo creo que desvirtuar que nos están dando un trato preferencial a nosotros es injusto. Yo creo que el pueblo debe ser extremadamente celoso en proteger a sus jueces, porque son los jueces los que pueden parar de frente cualquier iniciativa que sea nociva al pueblo, del Ejecutivo y del Legislativo… No es que seamos intocables, es que hay una razón de ser de peso detrás de todo esto. A mi me apena escuchar a legisladores decir que van a bajar el salario a los jueces, cuando ellos saben que no lo pueden hacer', puntualizó

Y es que para la jueza Linares lo que está en juego es la independencia judicial, donde los jueces se vean imposibilitados de tomar decisiones libres de presiones, y a esto responde las salvaguardas para la Rama Judicial en la Constitución.

Añadió que antes de tocar los beneficios y las pensiones se deben buscar otras alternativas, entre las que mencionó que se investigue la transacción de UBS con Retiro, y se adjudiquen responsabilidades; que se destine parte de los recaudos del arbitrio a las foráneas a las arcas de Retiro. Imponer nuevos impuestos, como el Impuesto al Valor Agregado; y dotar de recursos al Departamento de Hacienda para que pueda fiscalizar el recobro de estos recaudos.

También hizo énfasis en la necesidad de procesar en los tribunales a los comercios que cobran el IVU pero no lo remiten al fisco, lo que expuso no es otra cosa que robar al Estado.

Alcaldes dicen que harán ajustes a sus pensiones Cadillac

Finalmente, el presidente de la Asociación de Alcaldes, Josean Santiago, aseguró que en el seno de su organización se estudia la posibilidad de establecer nuevos parámetros que limiten las pensiones 'Cadillac'.

En el caso de los alcaldes que entraron al Gobierno antes del 31 de diciembre del 1999, con dos términos, o lo mismo que ocho años de servicio, y los 50 años de edad, pueden recibir una pensión de por vida que puede ser del 90% de su salario más alto.

Mientras un empleado regular del Gobierno con 25 años de servicio sólo devenga el 75% de sus últimos 36 meses de salario.

Santiago indicó que los alcaldes que fueron electos desde 2000 requieren completar 40 años de servicio público y cumplir con la edad estipulada para poder disfrutar del retiro.

El primer ejecutivo de Comerío indicó que a los alcaldes que fueron electos después de 2000 les aplican las mismas normas que a cualquier empleado público en términos del tiempo de servicio público y edad requeridas para acogerse al retiro.