Los 68 empleados de la Oficina del Contralor de Puerto Rico que impugnan la Reforma de Retiro en los tribunales han puesto en entredicho la fecha y la efectividad de la recien firmada Ley 18 del 15 de mayo de 2013, que limita la capacidad del Tribunal Supremo de revisar casos y que, infieren, se firmó para perjudicar el caso que radicaron y que tiene el potencial de que la Reforma de Retiro sea declarada inconstitucional.

Los peticionarios alegan que la Reforma de Retiro menoscaba su derecho a acogerse al plan de retiro según prometido por más de dos décadas de empleo en el servicio público. Piden, entre otras cosas, una solicitud de certificación, que permitiría que el Tribunal Supremo trajera ante sí el asunto inmediatamente, por tratarse de una cuestión de alto interés público. Presentaron su demanda el 16 de mayo.

Pero el día antes, el 15 de mayo, el gobernador firmó la Ley 18, que cambia las Reglas de Procedimiento Civil, de forma tal que el Tribunal Supremo pierde la potestad de considerar asuntos pendientes ante el Tribunal de Primera Instancia mediante el recurso de certificación intrajurisdiccional salvo que todas las partes en el pleito así lo soliciten.

Los peticionados -el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Administración de los Sistemas de Retiro y su administrador, Héctor Mayol Kauffman- respondieron con una moción de desestimación de la Petición de Certificación, alegando que el Tribunal de Primera Instancia carece de jurisdicción para atenderla. La solicitud de desestimación se basa, precisamente, en la ley firmada por el gobernador justo el día antes de que los peticionarios presentaran su demanda.

Ahora los demandantes responden en oposición a las mociones de desestimación de Petición de Certificación que está ante el propio Supremo.

El recurso expone que el proyecto de ley para enmendar la Regla 52.2(d) fue presentado por el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, el 8 de febrero y que luego de haber sido leída en el Senado el 11 de febrero, no hubo trámite adicional.

No fue hasta el día después de que fueron emplazadas las entidades gubernamentales peticionadas que el trámite legislativo reinició y 'en forma acelerada se aprobó'.

'La medida estuvo durmiente hasta que surgió la posibilidad de que el presente caso llegara ante la consideración de este foro (el Tribunal Supremo)', lee el recurso de los demandantes. 'Esta medida cobró tal importancia que en menos de 24 horas de la notificación del presente caso a las entidades gubernamentales peticionadas, la misma fue considerada en reunión ejecutiva y aprobada por el Senado en prácticamente un día laborable, y aprobada en la Cámara en otro día (…) sin tan siquiera esperar por el insumo del Departamento de Justicia a quien se le había solicitado un memorial explicativo antes de la radicación del presente caso', añaden.

Los peticionarios aseguran que el 16 de mayo de 2013, a las 8:40 a.m., cuando presentaron la Petición de Certificación al Tribunal Supremo, todavía no aparecía en el portal de trámite legislativo como aprobada la Ley 18 del 15 de abril de 2013. Tampoco aparecía en el Sistema de Información de la Oficina de Servicios Legislativos que el Proyecto de Ley había sido aprobado, pues faltaba la firma del gobernador, por lo que dejan planteado indirectamente que el trámite pudo haber sido manipulado para que la firma real del Gobernador hubiera ocurrido después de la fecha de efectividad que se le adjudica a la ley para poder aplicarla a su caso.

Piden entonces al Tribunal de Primera Instancia de San Juan que declare no ha lugar las mociones de desestimación de la petición de certificación presentadas por la Administración de los Sistemas de Retiro y Héctor Mayol Kauffman, y por el ELA.

Policías solicitan que la ley de Retiro sea declarada inconstitucional 'provisionalmente'

Mientras, un grupo de Policías se opuso el martes a la solicitud de desestimación presentada por el Departamento de Justicia y la Administración de Sistemas de Retiro. Esto, en el caso que se sigue ante el juez Ángel R. Pagán Ocasio que busca declarar inconstitucional las enmiendas a la ley de retiro.

En su escrito, el licenciado Iván Crespo solicitó además que la Ley 3 fuera declarara inconstitucional 'provisionalmente' en lo que se resuelve la demanda en sus méritos. Esto, para evitar que los demandantes sufran daños irreparables.

Durante la mañana del martes, Crespo Arroyo, presentó una moción en representación de 48 agentes de la Policía.

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