Los recortes de presupuestos y la aprobación de la Ley 3 de Retiro han provocado que los seguimientos de casos de niños maltratados no reciban la atención adecuada en el Departamento de la Familia (DF), denunció el martes la presidenta de Servidores Públicos Unidos (SPU), Annette González.

'Queremos denunciar la situación y la crisis que hay en el Departamento de la Familia. Los trabajadores sociales y los técnicos de servicios a la familia trabajan en condiciones deplorables que afectan los trabajos de los empleados', señaló la portavoz del SPU en rueda de prensa en las oficinas del sindicato en San Juan.

De acuerdo a González, la cantidad de casos que recibe la agencia son más de lo que los trabajadores sociales pueden atender.

Según cifras del SPU, actualmente DF cuenta con unos 700 a 800 trabajadores sociales que atienden las querellas recibidas en los 158 centros alrededor de la Isla.

Aunque la Oficina de Gerencia y Presupuesto nombró una partida para la contratación de 135 nuevos especialistas, la presidenta del gremio afirmó que la cantidad no dará abasto y solicitaron la contratación de sobre 700 nuevos trabajadores sociales para aminorar la carga de trabajo.

'No hay materiales para realizar las funciones, hay falta de hogares sustitutos disponibles para ubicar a menores removidos luego de una emergencia en su familia, no se consiguen citas inmediatas de seguimientos con profesionales de la salud y en muchas ocasiones tienen que utilizar los mismos vehículos personales para transportar a las personas que reciben servicios de la agencia, pues no hay vehículos oficiales suficientes', manifestó González.

Añadió que 'la situación es caótica. A la hora de atender las necesidades de los menores, ancianos y el pueblo en general no se le pueden quitar los recursos a una agencia que trabaja con la salud de una sociedad. Hacemos un llamado al gobierno para que atienda esta crisis. De no atenderse, esta empeorará'.

Según González, los trabajadores sociales deben atender de unos 20 a 25 casos simultáneamente, pero la carga de trabajo actualmente provoca que los mismos trabajen con 30 a 50 querellas.

Asimismo, sostuvo que desde que se firmó la Ley 7, bajo la administración de Luis Fortuño, y con la Ley 3 de Retiro, unos 3 mil empleados se han ido de la agencia.