La salida del sistema laboral de unos 200 empleados públicos mediante el Programa de Pre-Retiro Voluntario podría redundar en ahorros de más de $25 millones, dinero que abonaría al cumplimiento de las exigencias de la Junta de Control Fiscal (JCF) para reducir el tamaño del Gobierno.

Con ese cálculo en mente, ampliar el espectro a los más de diez mil trabajadores ya cualificados para acogerse al pre-retiro se traduciría a una cifra aún mayor. Se trata de 11,600 personas que fueron certificados para formar parte del grupo, al amparo de la Ley 211 de 2015, legislada bajo la administración de Alejandro García Padilla.

En ese momento, una de las justificaciones para crear el Programa de Pre-Retiro Voluntario se basó en la crisis fiscal y la amenaza de insolvencia del Sistema de Retiro, por lo que ese estatuto abriría una ventana para que empleados de 61 años de edad pudieran jubilarse con una pensión equivalente al 60% de su retribución promedio.

No obstante, la medida fue derogada por la Ley 106 de 2017 --de la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares--, y solo aquellos que iniciaron el proceso previo a su aprobación tenían garantizado su derecho al pre-retiro.

Según Enilda Mundo Flores, vicepresidenta del 'Movimiento 447: Fuera Ley 3 de 2013', una agencia con 204 personas cualificadas para acogerse al pre-retiro pagaría $63,576,902 por subvencionar este sistema por un período de 16 años.

La cifra es una economía de más de $36 millones comparado con el gasto que representaría la permanencia de esos empleados en la nómina, una que sería $99,742,398.

Mundo Flores presentó los datos al Senado de Puerto Rico que, por petición de estos empleados con el deseo de jubilarse, radicó las resoluciones 252 y 570 con el fin de evidenciar los ahorros alcanzados por entidades gubernamentales y municipios a raíz de la puesta en vigor del pre-retiro.

Basado en sus conclusiones, expresadas de manera verbal y gráfica, el ahorro cumulativo comenzaría a sentirse de manera progresiva por los primeros tres años. No es hasta el cuarto año en adelante que refleja una subida dramática que superaría las expectativas de la JCF.

'Este Programa es completamente compatible con la Ley del Empleador Único, con el Plan Gubernamental de Reestructuración de las Agencias Públicas, y con la intención de la actual Administración de evitar la reducción de la jornada laboral y el despido de empleados públicos', resaltó Mundo Flores.

'Tambien es cónsona con el Plan de Ahorros en el Gobierno que solicita la Junta de Control Fiscal, garantizando que los ahorros no dependen de hechos adicionales, sino solo de la inmediatez con que se implemente el Programa en las Entidades Gubernamentales', subrayó.

Entre sus pedidos al Gobierno, la JCF requirió un recorte uniforme de 10% a toda pensión mayor de $1,000 mensuales. Parte del reclamo de estos grupos se resume en que una disminución de ese tipo los dejaría con un ingreso mensual muy por debajo de lo necesario para sus necesidades básicas y el amplio disfrute de su tiempo libre tras dedicarle la vida al servicio público.

Del mismo modo, se ha reiterado que los jubilados mueven el 40% de la economía de la Isla, así que el corte no solo afectaría a sus familias, sino al resto de Puerto Rico.