El debate se centra en turistas y personas sin licencias.

Aunque la directriz de multar a las personas que no porten una mascarilla ante el alza del COVID-19 se implementó mediante Orden Ejecutiva hace 12 días y se presentó como una de las medidas principales para atajar el contagio de esta mortal enfermedad, los representantes de las agencias de ley y orden de la Isla no han descifrado cómo cobrarle la multa a las personas sin licencia y a los turistas.

“Lo que se está finiquitando es que la Secretaria de Justicia pueda establecer cómo se van a cobrar las multas de aquellas personas que no tienen licencia y de aquellas personas que no son residentes de Puerto Rico. Pero el reglamento sí ya está vigente y está en función”, explicó Vázquez Garced.

El reglamento al que aludió la Gobernadora es uno registrado “de emergencia” por el Departamento de Salud y establece “que toda persona natural deberá cubrir su nariz y boca en todo momento mediante el uso de mascarilla mientras se encuentra fuera del hogar, sea en espacios cerrados o al aire libre”.

NotiCel solicitó una reacción al secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, sobre el reglamento y medidas a tomar para atajar el COVID-19 ante el fracaso de esta directriz, pero a la hora de publicación no se había recibido respuesta.

En entrevistas con la prensa, alcaldes y otros funcionarios han destacado la escasez de policías como un elemento adicional que dificulta la implementación de la orden.

La Orden Ejecutiva está vigente desde el 22 de agosto hasta el 11 de septiembre. Dicho de otra forma, cuando la Gobernadora apostó a un acercamiento más punitivo para reducir las altas cifras de contagio de COVID-19, carecía y todavía carece de un marco funcional para ponerlo en práctica.

No obstante, Vázquez Garced afirmó que los ciudadanos tienen que poner de su parte y no esperar que el Gobierno de Puerto Rico se encargue de todo.

“La responsabilidad es de cada ciudadano y si la gente obvia la instrucción que le dan los médicos, aglomerándose, nosotros no podemos ponerle un policía en cada esquina. Creo que lo hemos dicho a la saciedad, la gente tiene que poner de su parte. No pueden pretender que el gobierno lo haga todo. El gobierno cerró cuando tenía que cerrar”, declaró Vázquez Garced.

Aunque la Gobernadora reiteró que el Gobierno de Puerto Rico ha hecho su parte, desde el primer día ha recibido críticas por no manejar la emergencia de una forma efectiva.

De forma paralela, el Departamento de Salud ha comenzado a reunirse con los grupos asesores médicos y económicos para alcanzar un acuerdo de nuevas medidas a tomar, pues la tasa de positividad, o la cantidad de contagios de COVID-19 en la Isla, sobrepasa el ocho por ciento.

La Organización Mundial de la Salud estableció que las jurisdicciones no debían sobrepasar del cinco por ciento de positividad si interesaban continuar su apertura de la economía.

La Policía y el Departamento de Hacienda reconocieron a NotiCel los tropiezos para la implementación, que incluyen la falta del método de cobro.

Ayer, este diario señaló que, según fuentes, Hacienda no ha podido terminar de elaborar el reglamento para el cobro de multas y, en consecuencia, la Policía carece de un modo de imponer la multa. De acuerdo a la información, los oficiales tampoco cuentan con boletos administrativos para hacer constar la infracción.

La ausencia de multas de este tipo en el reporte de la policía comprueba que no se han expedido estos boletos y no se ha cumplido con lo declarado por el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Pedro Janer Román. El funcionario subrayó el pasado 21 de agosto que sus agentes no orientarían a los ciudadanos que intercepten, sino que les impondrían una multa automática, aunque en la práctica ha ocurrido todo lo contrario.

Ese día, Janer Román expresó que se reunió con 13 comandantes de área y la secretaria de Justicia, Inés Carrau Martínez, para discutir la ejecución de la orden y cómo sería atendida en los tribunales.

Según sus declaraciones, la multa de $100 tendrá un resultado inmediato como cualquier otra multa administrativa y los multados tendrán un límite de 72 horas para pagarla. De no efectuar el pago, la infracción se duplicaría a $200, cantidad que los ciudadanos pueden apelar ante un tribunal.